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La banca gana: el Supremo rectifica y será el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas

Tras una ajustada votación por 15 a 13, el alto tribunal corrige a la sección que cambió hace dos semanas una doctrina favorable a la banca desde hace lustros; la rectificación genera un torrente de críticas
Tribunal Supremo / EP

El Pleno de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), totalmente fracturado (15 votos frente a 13), falló finalmente ayer que sean los clientes quienes asuman el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados vinculado a las hipotecas. De este modo, el alto tribunal corrige a la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. La sentencia, junto con los votos particulares, se conocerá en los próximos días, a pesar de lo cual las reacciones se han producido de forma inmediata y entre las mismas abundan acusaciones directas contra el Supremo de haberse plegado a los intereses de la banca.

Pese a las 16 horas de deliberaciones sobre este asunto, distribuidas en dos sesiones celebradas este lunes y martes, los 28 magistrados que integraban este tribunal no han conseguido unificar un criterio y han evidenciado la fuerte división que ha generado este asunto, ya que 15 de los jueces han votado a favor de que sea el prestatario el que abone el tributo frente a 13 que se han posicionado en contra.

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Las tres sentencias que se conocieron a mediados de este mes, también por recursos del Ayuntamiento de Rivas y que supusieron un giro en la doctrina, son firmes, por lo que se dará la curiosa circunstancia de que en una misma localidad los vecinos que se hipotecaron en unas promociones inmobiliarias pagaran el impuesto y otros podrán reclamar su devolución.

En el caso de Canarias, se estima que, tomando en cuenta solo los últimos cuatro años, son unos 74.000 los afectados que, tras la rectificación del Tribunal Supremo, no podrán reclamar lo abonado por este impuesto, cuyo montante supone entre el 60 y el 70% de los llamados gastos corrientes de la hipoteca.

Polémica

La celebración de este pleno del Supremo fue polémica desde su origen, puesto que las tres sentencias dictadas por seis magistrados de la Sección Segunda de esta sala de lo Contencioso, que es la especialista en tributos, eran firmes. Por ello algunos magistrados del propio Tribunal Supremo y también desde diversos ámbitos judiciales cuestionaron la decisión del presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, de avocar a un cónclave de 28 magistrados otros tres recursos idénticos sobre este asunto interpuestos por el mismo recurrente. El alboroto mediático y social que causó la decisión de Díez-Picazo obligó incluso al presidente del TS, Carlos Lesmes, a comparecer ante los medios de comunicación para pedir perdón por la gestión del asunto, dada la importancia y repercusiones sociales y económicas de la decisión.

Sin embargo, ello no ha impedido una oleada de críticas, entre las que destaca la llamada a una movilización popular realizada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En la misma línea, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, habló anoche de “decisión vergonzosa”, a la par que reclamó la dimisión de Díez-Picazo. Desde el PSOE se limitaron a señalar que “corresponde ahora a los poderes ejecutivo y legislativo examinar la motivación de este fallo y tomar decisiones”. Por el contrario, las patronales de la banca subrayaron que el fallo del Supremo está “en línea” con el marco jurídico de los países de nuestro entorno y “preserva la seguridad jurídica necesaria” para el “buen funcionamiento del mercado”.

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