Las adjudicaciones de contratos por parte del Ayuntamiento de La Laguna que su propio interventor municipal considera ilegales ya superan, en su conjunto, la impresionante cifra de 50 millones de euros.
Así lo asegura el concejal opositor Santiago Pérez (Por Tenerife-Nueva Canarias), quien tiene previsto ampliar la denuncia que presentó por esta causa el pasado enero en lo que ya se le conoce como el caso Reparos.
Conceptualmente hablando, dicho caso es muy similar al de las Grúas, pero multiplicado exponencialmente, ya que el caso Reparos versa sobre la presunta comisión de más de un centenar de delitos de prevaricación por la prolongación de servicios municipales adjudicados por contratos que, en realidad, ya están extinguidos.
Estas prácticas son consideradas ilegales por la Intervención del Ayuntamiento lagunero, pero desde el grupo de gobierno se levantan los reparos interpuestos sistemáticamente, a tal punto que si en el caso Grúas se investiga la presunta ilegalidad de la promulgación de tres decretos, en el caso Reparos ya son, según ha recopilado Santiago Pérez, más de 120 decretos.
Curiosamente, para eludir los controles propios de una adjudicación pública se alega una supuesta urgencia que, en realidad, ha provocado el propio Ayuntamiento, al no preparar con tiempo el nuevo procedimiento.
Por si fuera poco, esa supuesta urgencia es admisible de forma excepcional, pero la Corporación local de la Ciudad de los Adelantados lo ha convertido, sencillamente, en su modus operandi a la hora de contratar sus servicios, al menos desde la etapa en que Fernando Clavijo (Coalición Canaria) era el alcalde, y que se ha intensificado desde que fue relevado por José Alberto Díaz, también de Coalición.
Cuando se presentó la denuncia del caso Reparos (a partir de la cual el juzgado reclamó al Ayuntamiento una documentación que ya abarca más de cuatro tomos judiciales), el dinero desembolsado desde las arcas municipales a través del procedimiento descrito supera los 18 millones de euros, concretamente 18.134.406,2 euros.
Pero el negocio completo, o sea, el importe original de estos contratos, era de 45.723.133,82 euros. A esos 45 millones hay que sumarle ahora casi ocho (exactamente 7.896.373,50 euros), que es el coste de la ampliación de la concesión a Urbaser por el servicio de limpieza, una prórroga concedida desde el día 1 de este mes hasta el 31 de octubre del año que viene.
Tal prórroga, contra la que el interventor, una vez más, presentó reparos que también fueron levantados, no estaba permitida por el contrato original, cuya duración inicial era de ocho años más otros dos de prórroga.
Dicho contrato se firmó el 10 de septiembre de 2008, la primera prórroga de un año, el 25 de octubre de 2010, y la segunda, también de un año, el 29 de agosto de 2017.
Al respecto, Pérez advierte también de una cuestión de legalidad de la que se previene en el propio acta de la Junta de Gobierno, dado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas, advierte de que “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.
Además de la ampliación de la denuncia, Pérez confirmó que propondrá la toma de declaración de varios testigos, empezando por el interventor lagunero.
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