SANTA CRUZ

La sentencia de Miraflores deja sin valor los informes sobre patrimonio histórico del Cicop

Los 8 estudios elaborados hasta el momento por el Centro desprotegen los inmuebles y solo uno coincide con el criterio del Cabildo

Este es uno de los tres edificios que el Cicop no considera que tenga valor patrimonial alguno, mientras que el Cabildo defiende lo contrario. S. M.

La fórmula implementada por el Ayuntamiento de Santa Cruz para salvar las discrepancias con el Cabildo de Tenerife a cuenta del patrimonio histórico en la capital ha llevado a que el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (Cicop) haya emitido ya ocho informes sobre otros tantos inmuebles de los 500 para los que el Cabildo defiende su catalogación. Lo cierto es que, tras la sentencia dada a conocer ayer, en la que la Justicia ratifica la potestad de la Corporación insular para aplicar medidas cautelares cuando así lo estime conveniente, se dejan estos informes en un segundo plano. De hecho, así ha sido con tres de los inmuebles de Miraflores que están ahora en discusión, a los que el Cicop no les atribuye valores arquitectónicos mientras que el Cabildo sí. El resultado es que se ha paralizado la concesión de licencias para su demolición. Mientras, Urbanismo ha iniciado una negociación para que los propietarios al menos conserven las fachadas.

En cuanto a los informes del Cicop, el sentido de los mismos siempre ha sido el mismo: a ninguno de los ocho le atribuye valores susceptibles de ser conservados, y solo en uno, ubicado en la calle Callao de Lima, de momento, el área insular de Patrimonio Histórico coincide con la valoración del Cicop.

¿Último desencuentro?

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, abogaban ayer porque la reordenación de Miraflores sea el “último desencuentro” técnico entre ambas administraciones en relación a la protección del patrimonio histórico. Sin embargo, los planes especiales de los conjuntos históricos ya han provocado “desencuentros” sin que ni siquiera se hayan aprobado inicialmente.

Aun así, Alonso valoró que el juzgado haya dado la razón al Cabildo, con lo que se llega al “punto final” del proceso, al tiempo que resaltó que en los últimos meses se han ido buscado “puntos en común” entre ambas instituciones. En ese sentido, comentó que más allá de “lo protegido” que hay en los planes de protección del casco, en la ciudad hay otros valores patrimoniales “que conservar”, por lo que ha apelado a “mejorar” el catálogo de bienes inmuebles de la ciudad.

“Es un trabajo que tiene que hacer poco a poco el Ayuntamiento. Lo de Miraflores es puntual, importante y teníamos la razón, y ahora tratamos de que el Ayuntamiento mejore el conocimiento de sus elementos patrimoniales para preservarlos”, destacó.

Bermúdez, por su parte, afirmó que con el Cabildo se está trabajando “muy bien” y “llegando a consensos” en varios ámbitos, y ha limitado estas diferencias a criterios técnicos, resaltando que el Ayuntamiento “siempre” ha defendido el criterio de la Gerencia de Urbanismo.

“Y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra obligación, son los funcionarios los que marcan el criterio”, apuntó.

Sobre las críticas de la oposición municipal, comentó que estos partidos “obvian” que el Ayuntamiento es la administración pública que “más invierte” en la ciudad en patrimonio, “más que todos los ayuntamientos de la Isla juntos, y eso que no tenemos las competencias”, concluyó el alcalde.

“Un gran artículo 48 que afecta a los 500 inmuebles catalogables”

A pesar de que la sentencia deja los informes del Cicop en mero asesoramiento, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, insiste en que su aplicación le permite evitar que se produzcan nuevas situaciones como la de Puerta Canseco, con la licencia dada, paralizada y cierre de calle incluida. “Lo cierto es que, de facto, es como si hubiera un gran artículo 48 sobre los 500 inmuebles, porque no podemos hacer nada sin que el Cabildo dé su visto bueno”. La solución: “aprobar el nuevo catálogo de protección. Una vez esté en vigor, con el informe de todas las administraciones, se acabarán las interpretaciones de unos y de otros”.