El proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019, que se elevan a casi 9.000 millones de euros, superó ayer el trámite previo a su aprobación definitiva en el pleno que comenzará el miércoles 19. El dictamen de la ponencia salió adelante con los votos, ya amarrados, de CC-PNC, el PP y el Grupo Mixto (ASG). Se opusieron el PSOE, Podemos y NC, aunque se admitieron algunas de sus enmiendas. Desde Nueva Canarias, Luis Campos transmitió que han percibido “otro espíritu” y agradeció el “esfuerzo” por llegar a algunos acuerdos parciales que no alteran su desacuerdo global.
Se discutieron 677 enmiendas parciales. El informe de la comisión incorpora las 153 presentadas por los grupos que pactaron las cuentas públicas y una treintena del resto.
Por CC-PNC, José Miguel Ruano y Elena Luis manifestaron que estos Presupuestos buscan “el bienestar de la sociedad canaria” y “priorizan los servicios básicos”. José Estalella (PP) destacó la “responsabilidad” de su partido para garantizar la estabilidad política y la aportación clave en la rebaja fiscal, que “permitirá que ciudadanos y empresas tengan más dinero disponible para decidir en qué lo emplean”. Melodie Mendoza (ASG) enumeró los aspectos que ha conseguido plasmar su partido, como las mejoras para el colectivo de aprobados sin plaza en las oposiciones, las subvenciones al combustible en La Palma, El Hierro y La Gomera y las inversiones para actuaciones programadas en esta última isla.
En el otro lado, Iñaki Álvaro Lavandera (PSOE) denunció que estos Presupuestos perpetúan “un modelo económico que ha producido altos niveles de desempleo, riesgo de pobreza para el 40% de la población, salarios bajos, largas listas de espera sanitarias, problemas educativos, escasa cobertura en dependencia y un modelo productivo poco diversificado”. A juicio de los socialistas, “se nutre a la sanidad privada a costa de la pública, se ignora la educación pública para los niños de hasta tres años, se rechaza complementar las pensiones contributivas más bajas, se renuncia a la cohesión social y se cronifica la desigualdad”. Por el contrario, añadió Lavandera, “privilegian las obras en carreteras, miradores y rotondas, y se abona el clientelismo”. Manuel Marrero, de Podemos, criticó la “rebaja de impuestos indiscriminada, que deja sin financiación o con fondos insuficientes la renta social garantizada, la prestación canaria de inserción, la dependencia, la educación, la sanidad pública y la red de atención temprana”. El PSOE había registrado más de 200 enmiendas, mediante las que pretendía mover 377.389.132 euros “por una Canarias más justa y social”, con la perspectiva de configurar “un auténtico plan de lucha contra la pobreza”. Para empezar, planteaba “complementar las pensiones no contributivas para que ningún pensionista de Canarias cobre menos que un perceptor de la prestación de inserción, además de equiparar la PCI al IPC de manera que los perceptores no pierdan poder adquisitivo.
Esther González (NC) fue igual de severa en lo que respecta a “unas rebajas fiscales irresponsables que no van a suponer ningún alivio perceptible para las familias, pero que van a restar 215 millones de euros a los servicios públicos esenciales que necesitan esas mismas familias”. Precisamente, algunas de las enmiendas de Nueva Canarias rechazadas iban orientadas a recuperar esos ingresos para destinarlos a la lucha contra la pobreza (45 millones de euros), la sanidad pública (85 millones), la educación (60 millones), la vivienda (25 millones), la PCI (18 millones) o el saneamiento y control de vertidos (50 millones de euros).
El tripartito presupuestario introdujo 153 enmiendas, que incluyen subvenciones para paliar el sobrecoste de los transportes en las islas periféricas, el impulso a la construcción de vivienda pública, el aumento del gasto educativo o una partida de 4,4 millones para compensar a las universidades por la bajada de las tasas. De las de Podemos prosperó una que propone que el 1% de lo recaudado en impuestos por juego vaya a la Consejería de Sanidad para afrontar los tratamientos de la ludopatía.
Los Presupuestos ascienden a 8.799.731.255 euros, una cantidad a la que se añadirían 498 millones del superávit acumulado.
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