Han sido 89 días los transcurridos desde la portada de DIARIO DE AVISOS que con fecha del 5 de octubre del año pasado dio visibilidad a la tragedia social por la que atravesaban unos vecinos de Añaza sobre los que pendía la espada de Damocles a modo de desalojo colectivo de sus hogares, una amenaza que llegaba en forma inminente, primero con la denegación en la renovación de sus alquileres, y luego ante la incorporación de sus viviendas en una macroperación de venta de aproximadamente 37.000 inmuebles repartidos por toda la geografía estatal que ultimaba el Banco Santander con un fondo buitre llamado Cerberus.
Si en aquel entonces aún se pensaba que solo eran 80 los pisos afectados, pronto se supo que, en realidad, eran los 358 incluidos en dos promociones inmobiliarias que, sobre suelo público y bajo la condición de pisos protegidos, se edificó en 2006 entre la avenida de Bentecayse y la calle de La Coruja, en el santacrucero barrio de Añaza.
De aquella movilización vino la reacción de las autoridades, que ayer mismo el concejal de Izquierda Unida en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, calificaba como “obligada” por la presión ejercida entre vecinos y medios de comunicación como este periódico, “capaz de tumbar un gobierno municipal o que no repita en unas elecciones”, tal y como lo describió Trujillo.
Sea como fuere, y ante la falta de una política de vivienda social capaz de asumir, no ya un reto de esta envergadura, sino uno cien veces menor en cuantía de pisos, tal reacción se plasmó en dos vías.
Por una parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reactivó su protocolo antidesahucios y ello permitió paralizar, al menos temporalmente, aquellos lanzamientos que ya tenían fecha fijada, y que en el intervalo de tiempo transcurrido se ha elevado a una decena de casos.
Por otra parte, el Gobierno de Canarias se lanzó a la única solución posible, que era la compra de los pisos, para lo cual contaba con una oferta preferencial vigente hasta 2021, año en que se cumple, el plazo de 15 años tras la edificación de estos inmuebles.
Justo 89 días después de esta portada, el Gobierno tiene previsto anunciar a los afectados que ha cerrado un acuerdo con el Santander para la compra de estas 358 viviendas. Será en Presidencia de Gobierno a las nueve de la mañana.
Sigue sin saberse el precio o si se investigarán irregularidades
Sobre el precio a pagar por los pisos de Añaza, solo se sabe que el Santander partía de los 29 millones como valor catastral de los mismos, mientras que el Gobierno realizó su propia tasación a la baja. En cuanto a posibles irregularidades de la entidad en la gestión de los inmuebles, nada se sabe al respecto.
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