Sanidad

El TSJC sancionará al Servicio Canario de la Salud si no informa sobre conciertos sanitarios

Intersindical presentó la demanda en marzo de 2018 por considerar que los ‘pactos’ con la sanidad privada se han mantenido fuera de la ley

José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias / DA
José Manuel Baltar, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias / DA

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reclamó el pasado 17 de noviembre a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que, en el plazo de 20 días, aportara el expediente administrativo relativo a la demanda contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y la sanidad privada, presentada por Intersindical Canaria (IC). Ante el comportamiento “obstruccionista” de la Administración, según el sindicato, el TSJC vuelve ahora a requerir a la Consejería de Sanidad que complete el expediente, esta vez, bajo apercibimiento de multa, tal y como certifica la diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia fechada el 17 de enero, y a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS.

Hay que recordar que fue el 11 de mayo de 2018 cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC se declaró competente para la tramitación de la demanda presentada por IC contra los conciertos sanitarios, según la cual estos “se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato”. Tras las sucesivas solicitudes presentadas por Intersindical, ahora el Gobierno regional ha comenzado a sacar a licitación algunos de los servicios prestados a través de estos conciertos que a día de hoy se mantienen con entidades privadas desde la época de la dictadura franquista (hace 59 años).

El impacto económico que tiene dicha política de conciertos en el presupuesto público supuso en 2017 un total de 269.242.408 euros, cifra esta que vuelve a aumentar en 2018. En paralelo, se produce un incremento superior al 47% en las concertaciones destinadas a la empresa San Roque, de la cual procede el actual consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar.
Cabe recordar, como publicó el 16 de abril del año pasado Canarias Ahora, que el SCS derivó en 2017 a las clínicas privadas un total de 41.817 intervenciones quirúrgicas, el 16% más que en 2016. El principal beneficiado de este incremento fue, en términos absolutos, los ya citados Hospitales San Roque. Baltar dejó su cargo de director de Operaciones de esa empresa privada en enero de 2017 para incorporarse al Gobierno presidido por Fernando Clavijo (CC) tras la abrupta ruptura del pacto de gobierno con el PSOE y la salida de entre otros, el socialista Jesús Morera, titular del área sanitaria desde 2015.

El modelo sanitario que se ha seguido en Canarias en los últimos 30 años coloca a nuestra comunidad autónoma a la cabeza de la actividad concertada del Estado español. De los hospitales del Archipiélago, el 51% (22) pertenecen al sector privado, 16 están concertados. La media estatal en cuanto a camas sanitarias privadas se sitúa en el 6,88 por cada 10.000 habitantes, pero en Canarias se eleva hasta 14,30.

El proceso jurídico previo a la demanda se inició el día 12 de junio de 2017 con la presentación de solicitudes para que se acordase declarar extinguidos los conciertos sanitarios suscritos por expiración del plazo contractual de Vithas Hospital Santa Catalina o Clínica San Roque entre otras, removiendo de oficio cualquier obstáculo para el cese inmediato de la actividad que pudieran llevar a cabo las entidades indicadas.

Ante el silencio administrativo, Intersindical Canaria presentó varios recursos previos que tampoco fueron resueltos por la Consejería, llevando al sindicato a la presentación de la actual demanda que tramita el TSJC.

De 300 a 1.200 euros de sanción, que el Tribunal reiterará cada 20 días

La diligencia de ordenación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a la que ha tenido acceso este periódico, estipula que se reiterará la reclamación de documentación a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el “apercibimiento de que si no se enviara en el término de diez días (….), este Tribunal procederá a la imposición de multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. Dicha multa se reiterará cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido”.

Además, en el mismo documento jurídico se le requiere a la Administración “para que en el plazo de diez días indique el nombre de la autoridad o empleado que sea responsable en la remisión del expediente, con la advertencia de que de darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada (…), la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable”.

La Mesa requirió en junio a Baltar información sobre la concertada

La Mesa del Parlamento de Canarias requirió en junio de 2018 al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, para dar explicaciones sobre los datos de las derivaciones a clínicas privadas, que no le facilitaba a la diputada Patricia Hernández (PSOE). En concreto, Hernández pedía información sobre las derivaciones realizadas por la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria a empresas sanitarias en 2014. Finalmente, y tras varios requerimientos de la Mesa, la Consejería le facilitó los datos a la diputada socialista a finales de octubre.