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La Plataforma por un Territorio Sostenible rechaza la reforma de la Ley de Islas Verdes

La Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible ha mostrado su rechazo a la proposición de Ley que presentó Coalición Canaria en el Parlamento para la reforma de la ley conocida como de Islas Verdes, destinada a promover el desarrollo turístico de La Palma, La Gomera y El Hierro, al considerar esta propuesta legislativa “más peligrosa aún para el territorio” y dirigida a “buscar la especulación y no respetar los derechos ambientales”.

Así lo puso de manifiesto la representante de IUC, Vanesa Catalán, durante la comparecencia de la Plataforma celebrada ayer en la Casa Salazar de Santa Cruz de La Palma, en la que intervino, entre otras personas, el profesor de Derecho Constitucional y asesor de este colectivo, Santiago Pérez, quien destacó el carácter “demoledor” que ha tenido el dictamen del Consejo Consultivo sobre este proposición de Ley, que ha puesto en cuestión la constitucionalidad de esta reforma.

Un dictamen en el que, a juicio del político lagunero, el Consultivo “hace suya” la doctrina del Tribunal Constitucional que falló en la sentencia de 2018, fruto del recurso interpuesto por el grupo de Podemos a la reforma anterior de esta ley. Un carácter “demoledor” que “saben los operadores jurídicos y los inversores”, advirtió Santiago Pérez, quien lamentó que se haya tramitado como proposición de Ley, en lugar de proyecto, que “tendría que ser sometido a participación popular y a la emisión de informes jurídicos y técnicos de los servicios del Gobierno”. “Todas estas garantías se sortean si el Gobierno utiliza el grupo parlamentario, que es lo que hicieron también en su día con la modificación del Catálogo de Especies Amenazadas”, añadió.

Uno de los asuntos más controvertidos es la regulación de los establecimientos de hasta 200 camas en suelo rústico, que “significa que en pleno suelo rústico se va a desarrollar un espacio de suelo urbano y esto es completamente contrario a la legislación del suelo”.

Santiago Pérez llamó la atención sobre el hecho de que la persona que habló en nombre del Gobierno de Canarias en el Parlamento Europeo, cuando la Plataforma llevó la Ley de Islas Verdes a Bruselas, Cristina León, se ha incorporado al Consultivo y “no solo no se abstuvo como exigirían los principios jurídicos más elementales de los países civilizados, sino que ha sido la ponente de este dictamen”.

En materia política, recordó que esta propuesta de Ley la respalda en el Parlamento “CC, PP y Casimiro Curbelo”, lo que “va dibujando dos bloques en la política canaria”, al oponerse PSOE, NC y Podemos. Asimismo, ironizó con el hecho de que dirigentes de CC, “que han estado al frente de La Palma” durante treinta años, se quejen de que la isla ha pedido oportunidades de subirse a la economía turística. “Hay una especie de huída hacia adelante de quienes han sido corresponsables en los últimos treinta años de que esta isla no se haya incorporado a la economía turística, que podría haberlo hecho respetando sus valores”.

El consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma, Dailos González, lamentó que “vuelva a apostarse porque las islas verdes tengan el modelo de turismo de masas, que más que desarrollo lo que genera es desigualdad”.

Pablo Díaz, en representación de Ben Magec – Ecologistas en Acción, indicó que esta nueva reforma de la Ley de Islas Verdes “es la constatación del fracaso de un modelo que pretende someter al suelo rústico al dictamen de las peticiones inmobiliarias especulativas”.

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