El Gobierno de Canarias anunció ayer a los vecinos afectados por un posible desalojo masivo en el santacrucero barrio de Añaza que ha cerrado un acuerdo con el Banco Santander para la adquisición de esas 358 viviendas por 24.890.000 euros, impidiendo así que la entidad financiera incluyese estos inmuebles, situados entre la avenida de Bentecayre y la calle de La Coruja, en una macroperación de unos 37.000 inmuebles repartidos por toda la geografía nacional que pretende vender al fondo buitre llamado Cerberus.
Dicho acuerdo sigue siendo, por ahora, un pacto de intenciones, por cuanto ahora empieza todo el proceso de su traslación a un expediente administrativo en el que apenas ahora solo figura una tasación realizada por el Ejecutivo regional del valor real de dichos pisos, sobre los cuales hay que recordar que el propio Gobierno autonómico guardaba un derecho preferencial vigente hasta 2021, fecha en la que se cumplirán los 15 años desde su construcción en parcelas de suelo público cedidas a tal fin en 2006 a la quebrada empresa Martinsa-Fadesa.
El anuncio de dicho acuerdo se produjo en una reunión celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias con una inusitada congregación de autoridades de primera fila, entre los que estaban el presidente regional, Fernando Clavijo, el del Cabildo, Carlos Alonso, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, y la consejera autonómica de Vivienda, Cristina Valido.
Como ya recordó esta misma semana DIARIO DE AVISOS, el anuncio de ayer se produce 89 días después de que la alerta dada por los vecinos, inquietos al detectar que el Santander no les prorrogaba los alquileres (para forzar así los desahucios), se tradujera en tema preferente de las sucesivas portadas del Decano de la prensa de Canarias.
Fue la portavoz de los vecinos, la activista Inma Évora, quien ayer tomó la palabra en primer lugar para anunciar una solución que, lógicamente, es bien recibida por los afectados, dado que así se aleja el negro panorama que les esperaba en caso de que sus pisos acabasen, como ha pasado en Madrid, en manos de especuladores internacionales como los del referido fondo buitre Cerberus.
A su vez, la consejera regional de Vivienda confirmó las palabras de Évora y añadió que el acuerdo se materializará en breve. “El primer paso, el más importante, ya se ha dado”, manifestó Valido, quien agradeció a los medios su respaldo a los vecinos y a las instituciones su coordinación para llegar a una solución aceptable para todos.
Por su parte, Bermúdez sostuvo que “hoy es un día feliz porque se ha resuelto un problema grave” y celebró que “los vecinos se organizaran desde el principio a pesar de lo difícil que resultaba tratándose de 358 familias”. “Hemos dado un ejemplo al trabajar conjuntamente Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento”, añadió el alcalde, para quien “no hay ejemplo en todo el Estado de una respuesta institucional así, porque vemos en otras partes del país a los vecinos desamparados tras caer sus propiedades en manos de los fondos buitres”.
También el presidente insular, Carlos Alonso, agradeció el trabajo en común “liderado por el Ayuntamiento y rematado por el Gobierno de Canarias”.
En último lugar habló el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, quien hizo suyas las palabras de los demás y explicó que “ni nos preguntamos de quién era la competencia, sino que nos pusimos a trabajar”. Precisamente, fue Clavijo el que desveló finalmente que se pagarán esos 24,89 millones de euros por las viviendas de Añaza, manifestando su confianza en que antes de dos meses se habrá cerrado una operación que ejecutará la empresa pública de promoción de viviendas protegidas del Archipiélago, Visocan.
Ya en conversación con este periódico, Valido detalló que el acuerdo incluye los garajes y trasteros de los inmuebles, así como que se negocia con Altamira (empresa del Santander que administra las viviendas) para que su local, aledaño a los inmuebles, pase a ser una oficina de información para unos vecinos que, en realidad, recibieron ayer todos los datos disponibles una improvisada asamblea celebrada en el popular barrio durante la tarde-noche gracias a la citada Inma Évora y a otro destacado activista social, Lolo Dorta, de la Plataforma 22E.
En cuanto al precio pactado, apenas supone una rebaja del valor contable de 29 millones de euros que consta en las cuentas del Santander. Si el precio no es inferior se debe en parte a que la tasación gubernamental se cerró finalmente en 28.578.129 euros, dado que, a juicio del perito en cuestión, los desperfectos denunciados en los inmuebles no son tan graves como sostuvieron en su día los vecinos.
La necesidad imperiosa de comprar por parte del Gobierno regional y la conveniencia del Santander en vender condujeron hacia ese precio final de 24.890.000 euros en un acuerdo forzado para ambas partes, condenadas a entenderse.
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