En 2024, Canarias envió a la península unas 4.200 toneladas de amianto debido a la falta de instalaciones propias donde almacenar de manera segura este material cancerígeno, todavía muy presente en infraestructuras públicas y privadas del Archipiélago, como cubiertas de uralita, depósitos de agua, conducciones o antiguas naves industriales. Hasta ahora, Andalucía era el principal destino de estos residuos. Sin embargo, desde el pasado mes de abril, la comunidad autónoma mantiene cerrada la entrada de basura tóxica procedente de otros territorios, una situación que ha encendido las alarmas y obligado al Gobierno canario a arremangarse para evitar el bloqueo de las operaciones de desamiantado.
La solución “oportuna, correcta y en la que llevamos dos años trabajando”, apunta el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias Ángel Montañés, pasa por crear vertederos propios: “lugares en los que podamos realizar una acumulación final segura, tal y como se ha hecho en otros puntos de España”. En ellos, el amianto sería enterrado y, una vez sellado, “la superficie podría destinarse a otros usos, como un parque o una instalación fotovoltaica, por ejemplo”.
En concreto, Montañés señala el aprovechamiento de los “miles de huecos” existentes como consecuencia de la extracción de áridos para habilitar estas infraestructuras. “Se trata de un residuo peligroso para la salud cuando se manipula y se inhala. Sin embargo, una vez depositado y correctamente aislado, no va a generar ningún problema ni para las personas ni para el entorno”.
A día de hoy, tras la negativa andaluza puede decirse que las Islas cuentan con un margen aproximado de un año para encontrar una solución a la gestión del amianto. “En aquellos gestores que tienen autorizado el almacenamiento temporal, lo máximo que se concede en una primera solicitud son seis meses y, a partir de ahí, la ley permite otros seis meses adicionales”, expone el director general de Calidad Ambiental. Tras este periodo, el Ejecutivo autonómico deberá poner en marcha nuevas alternativas.
Considerando la opción de desarrollar instalaciones propias como una solución a largo plazo, la vía más inmediata pasa por buscar otros destinos en la península. Sin embargo, cualquier opción será más lejana que la que se venía ofreciendo, lo que implicaría un sobrecoste. “Trabajaremos con las asociaciones de gestores para ver si tenemos que plantear ayudas, incentivos fiscales u otras medidas”.
Además, cabe destacar que la decisión de Andalucía se apoya en la ley estatal de residuos de 2022, un marco legal que, además de establecer que el amianto debe ser retirado de los espacios públicos antes de finales de 2028, otorga a las comunidades autónomas la potestad de decidir si admiten o no residuos peligrosos procedentes de otros territorios. Por ello, “antes o después, creemos que el resto de comunidades autónomas también van a tomar la misma decisión de cerrar sus puertas”.
Esta previsión refuerza la importancia de que Canarias logre autonomía en la gestión de su propia basura tóxica, un objetivo que requiere la “máxima colaboración” de las administraciones. Sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria ya ha rechazado un primer proyecto. “Es un residuo que se genera en cada una de las islas”, argumenta Montañés, quien explica que están realizando los estudios técnico-legales pertinentes “para que no haya ninguna duda de que lo que se va a hacer es seguro y que, finalmente, se habiliten todos los destinos finales necesarios para este residuo”.
Falta de información sobre el amianto
Otro de los ámbitos donde las instituciones locales están dificultando la gestión es en la facilitación de información sobre dónde y cuánto amianto sigue existiendo. En concreto, la misma ley de 2022 obliga a los ayuntamientos a realizar un inventario exhaustivo de las infraestructuras que contienen amianto dentro de su término municipal. Algo que, según la consejería de Transición, apenas han cumplido el 30% de los municipios.
Según Ángel Montañés, muchos de estos consistorios “no tienen estructura suficiente para las contrataciones”, a pesar de las subvenciones otorgadas tanto por el Gobierno de Canarias como por los cabildos. En el caso de Tenerife, la entidad insular concedió en noviembre de 2023 unos 400.000 euros a los ayuntamientos de la Isla para elaborar un censo y detectar las edificaciones con amianto.
Ante esta situación, y con el objetivo de disponer de un dato fiable, el Gobierno podría asumir directamente la elaboración de este inventario para cuantificar o estimar la cantidad de amianto existente en Canarias. “Es un proceso costoso, pero nos estamos planteando hacer ese trabajo que hasta ahora no han hecho los ayuntamientos”. Una obligación establecida por ley que, “si sigue sin cumplirse, dará lugar a procedimientos sancionadores”.
Esta información resulta imprescindible a la hora de planificar la gestión de este material, ya sea bajo tierra… o mediante otras soluciones. Y es que, según argumentan, la opción de enterrarlo podría ser transitoria, a la espera de que se desarrollen medidas tecnológicas como la vitrificación, un proceso que transforma residuos peligrosos en un material sólido, estable e inerte mediante altas temperaturas. “A día de hoy es inviable económicamente, pero no descartamos que aquello que hemos enterrado en un momento dado pueda ser transformado con una tecnología segura”, concluye Montañés.
Un elemento usado durante décadas y nocivo al inhalarse
El amianto, conocido popularmente como uralita, fue utilizado durante décadas por su resistencia y bajo coste. Aunque España prohibió su uso en 2002, sigue presente en numerosas infraestructuras antiguas. No es peligroso por simple presencia: el riesgo aparece cuando se manipula, deteriora o rompe, ya que libera fibras microscópicas que, al ser inhaladas, pueden provocar graves enfermedades respiratorias y cáncer. Su retirada está siendo difícil, sobre todo por el elevado coste que supone. Según explica Carolina Estévez, administradora de Grupo Nino, una de las empresas que ofrece este servicio en Tenerife, este es el principal motivo que frena a los particulares y destaca que no existen ayudas para afrontar este gasto.
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