Tanto el Parlamento Europeo, a través de la resolución del 20 de octubre de 2021 con recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto, como la ley española de residuos de 2022 señalan como “prioritaria” la retirada de este material tóxico en las escuelas. En Canarias, el balance sigue dejando 30 centros escolares con amianto en sus infraestructuras, frente a los cerca de 60 que había inicialmente en 2021.
“De esos 30, ya estamos actuando en 12 centros entre los trabajos iniciados en 2025 y los previstos para este año”, explica Iván González, director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos. Así, todavía quedan 18 recintos pendientes de iniciar los trámites de desamiantado, aunque, según subraya, “es importante señalar que en ninguno de ellos existe peligro para la salud de las personas” y que “si hubiese cualquier riesgo, actuaríamos de manera inmediata”.
Se trata de un problema que afecta principalmente a las escuelas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, al contar con las instalaciones más antiguas del Archipiélago. “En Fuerteventura y Lanzarote no tenemos actualmente ningún centro con amianto, porque son infraestructuras más recientes”, comenta. Según las previsiones del Ejecutivo autonómico, “creemos que esta legislatura podremos dejar prácticamente a cero la provincia de Las Palmas y también actuar en La Gomera y El Hierro”. Por tanto, el principal volumen continúa concentrándose en Tenerife.
En los últimos años, la Consejería de Educación ha venido desarrollando un plan para eliminar este elemento potencialmente peligroso con un presupuesto anual de alrededor de dos millones de euros. Sin embargo, las actuaciones suponen un coste elevado, sobre todo porque el material está presente mayoritariamente en las cubiertas. “Hay que retirar, pero también reponer, y eso aumenta muchísimo el precio.
Un coste elevado
Tal y como explica González, estas intervenciones pueden alcanzar hasta los 250.000 euros por centro, un proceso especialmente encarecido por el traslado obligatorio de los residuos a la península. En este sentido, el director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos es contundente: “La razón por la cual a día de hoy no se ha retirado prácticamente la totalidad del amianto es el elevado coste que supone”.
Además, la situación podría complicarse todavía más tras el reciente anuncio de Andalucía -destino al que Canarias envía actualmente estos desechos- de dejar de aceptar amianto procedente de otras comunidades. Antes de retirar el material es obligatorio tener definido el lugar donde se va a depositar, por lo que, sin un destino final, las actuaciones quedarían paralizadas. “Si no existe una alternativa podríamos tener un problema importante”.
Con todo, el objetivo marcado tanto por Europa como por el Estado español de eliminar el amianto de todos los centros escolares antes de 2028 no invita al optimismo. “Lo tenemos complicado”, reconoce, aunque “todo dependerá del presupuesto disponible en los dos próximos años”.
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