la laguna

Marta Arocha (PSOE): “Lo que CC le ha contado a los vecinos de Las Chumberas es ilegal”

La directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife asegura que “ninguna administración pública puede volver a financiar lo ya financiado” y confía en Fomento para un nuevo convenio
LAS CHUMBERAS
La directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE) / DA
La directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE) / DA

La directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “es imposible resolver el expediente de Las Chumberas con la solución que CC ha planteado a los vecinos, porque el presupuesto ya está aprobado y no hay ninguna partida nominal para la demolición, y además, ningún interventor va a permitir ni al Gobierno ni al Cabildo de Tenerife que subvencione dos veces lo mismo, porque está prohibido por la ley”.

Así de contundente se mostró la responsable insular de Vivienda tras el compromiso que adquirieron tanto el Gobierno de Canarias, en la figura de su presidente, Fernando Clavijo (CC), como el del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), cuando anunciaron el viernes a los vecinos de Las Chumberas, por medio del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), que ambas administraciones adelantarían los fondos retenidos por el Ministerio de Fomento, tras expirar el convenio el pasado 31 de diciembre para la demolición y la reurbanización de la primera fase.

Sin embargo, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, los servicios jurídicos de ambas instituciones están buscando un resquicio a la Ley General de Subvenciones, que obliga a justificar los fondos concedidos como ayudas, tal y como fueron entregados los 25 millones de euros entre todas las administraciones para las citadas obras de demolición y reurbanización de los bloques con aluminosis de Las Chumberas. Al tiempo que tampoco se podría abonar, por parte del Ejecutivo autonómico y del Cabildo, por duplicado por las mismas obras. Arocha insistió en que “el Ayuntamiento de La Laguna, en este momento, dispone de 25 millones de euros para la primera fase de Las Chumberas. Ninguna administración pública puede volver a financiar lo mismo. Lo que ellos le han contado a los vecinos de Las Chumberas la ley no lo permite y ellos lo saben perfectamente”, remarcó.

A pesar de que en julio se remitió un borrador de convenio acordado por todas las Administraciones canarias al Ministerio de Fomento, y que el acuerdo anterior concluyó el último día del año pasado, de momento, no ha habido más avances. Arocha, al respecto, insistió en que “la solución tiene que venir del convenio que estamos trabajando con el Ministerio, en donde queremos recoger que el Ayuntamiento tutele a la empresa pública Muvisa”. La titular insular del área de Vivienda volvió a señalar que “la empresa pública, por sí misma, no puede gestionar un expediente en donde se mezclan distintos procedimientos que requieren soluciones muy técnicas, que solo podrán ser aplicadas por empleados públicos como son los del Consistorio de Aguere”.

La gestión del alcalde lagunero, José Alberto Díaz, también fue cuestionada por la directora insular al señalar que “lo que tendría que estar haciendo es trabajar para poner en contacto, cuanto antes, a los empleados públicos del Ayuntamiento con el personal de Muvisa para que este último sea tutelado en sus decisiones”.

En cuanto al tinte político del adelanto del dinero de Fomento por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, Arocha sentenció que “CC se ha dado cuenta de que le quedan cuatro meses para las elecciones y no ha cumplido con su palabra, porque no se ha movido ni una sola piedra de Las Chumberas”. “Yo le pediría al alcalde que dijera la verdad a los vecinos, que muy mal lo tienen que estar pasando, para que encima les den soluciones que no caben desde un punto de vista jurídico”, concluyó.

La fecha para devolver el dinero, si no hay acuerdo, es el 31 de enero

Si finalmente no se alcanza un acuerdo entre Fomento y el Ayuntamiento para un nuevo convenio, la fecha en la que el Consistorio tendría que devolver los fondos no justificados, es decir, la parte proporcional a esos 12 millones de euros aportados por el Estado, sería el 31 de enero, un mes después de que haya expirado el Presupuesto de 2018 n

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