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Un centro de mayores de Santa Cruz tendrá que cerrar al ser declarada nula su licencia

La decisión del Supremo ha causado "una profunda consternación" puesto que "ni en el peor de los escenarios" se podía haber esperado una decisión de este calibre
EUROPA PRESS

El Tribunal Supremo ha inadmitido un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de declarar nulas las licencias de construcción y de actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concedió en 2003 y 2009, respectivamente, a la residencia de mayores “El Drago del Marqués”.

Esta decisión, que tiene como origen la denuncia que efectuó un vecino de la zona, supone de facto que se establece un breve plazo de tiempo para el cese de la actividad y el cierre de la residencia, sin que quepa ya recurso alguno contra la misma ya que el centro no puede seguir en funcionamiento sin licencias, según indica la compañía que lo gestiona en un comunicado.

La residencia de mayores está situada en la urbanización de Ifara y las licencias fueran declaradas nulas al estimar que no se ajustaban al plan urbanístico de esa época.

La construcción de la residencia es ajena a los actuales gestores de la misma, que la adquirieron a finales de 2016.

El centro fue construido al amparo de las licencias concedidas por el Ayuntamiento, ahora anuladas, y todos estos años (desde su apertura en 2009) ha funcionado “con unos altos estándares de calidad y satisfacción por parte de sus usuarios”, añade.

La decisión del Supremo ha causado “una profunda consternación” puesto que “ni en el peor de los escenarios” se podía haber esperado una decisión de este calibre que, en cualquier caso, la empresa está obligada a acatar, agrega.

En un primer momento el pleito hacía referencia sólo al posible incumplimiento urbanístico de una pequeña parte de la residencia, que podía haberse solventado para mantener la actividad.

Sin embargo, un segundo pleito venía a cuestionar la totalidad de la edificación, que es el que finalmente ha estimado la justicia.

Durante los últimos años se han ido sucediendo resoluciones judiciales y tanto la anterior propiedad como la actual han venido recurriendo las mismas hasta llegar a la máxima instancia posible para evitar así el cierre de un recurso social y sociosanitario “muy necesario” para atender a la población dependiente de la isla.

“Más allá de los perjuicios económicos que pueda conllevar para la compañía, la decisión del Supremo supone un problema humano para los 100 trabajadores de la residencia y los 176 mayores que viven en ella y sus familias”, advierte.

Tras conocer la resolución, la empresa se ha reunido con los trabajadores para exponerles la situación y se pondrá a su disposición un servicio especial de recolocación para facilitar su empleabilidad y, en la medida de lo posible, se ofrecerá la posibilidad de recolocarse en otras residencias de la compañía, tanto en Canarias como en otros lugares de España.

Por su parte, se ha informado también a las familias y a las administraciones públicas que tienen plazas concertadas en el centro para organizar el proceso de salida de los residentes.

La compañía pondrá a su disposición las plazas que puedan quedar disponibles en sus otras residencias en Canarias, tanto en Tenerife como en Lanzarote, y se les ofrecerá asesoramiento y orientación para la búsqueda de otros recursos.

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