política

Un informe del Gobierno canario ve peligrar más de 400 millones de euros

Cifra el impacto positivo del Estatuto y del REF en casi 5.000 millones y 100.000 empleos en 2019, por lo que no tolerará que los Presupuestos estatales incumplan las obligaciones y sienten un “grave” precedente

Fernando Clavijo reunirá la próxima semana a su consejo asesor para abordar un escenario “crítico para Canarias”. DA
Fernando Clavijo reunirá la próxima semana a su consejo asesor para abordar un escenario “crítico para Canarias”. DA

El Gobierno de Canarias plasma en un documento su temor a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumpla presupuestariamente lo dispuesto en los reformados Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), lo que dejaría en el aire los más de 400 millones anuales adicionales en las cuentas autonómicas que supone la aplicación de ambos textos.

El Gobierno de Fernando Clavijo ha elaborado un informe de impacto de las referidas leyes en los Presupuestos Generales del Estado y en las cuentas autonómicas. Calcula en más de 400 millones de euros la diferencia presupuestaria a favor del Archipiélago. Los grupos parlamentarios y los agentes sociales (patronales y sindicatos representativos) podrán consultarlo a partir del próximo lunes. Después de los incumplimientos en los convenios bilaterales que debían haberse cerrado antes de finalizar 2018, el Gobierno en minoría de CC ha activado la alarma.

El informe refleja la “trascendencia” tanto del Estatuto como del REF para “el desarrollo futuro de las Islas y sus ciudadanos”. En este contexto, se ha puesto en duda que Canarias juegue “en primera división o lo siga haciendo, infrafinanciada como hasta ahora, en segunda”. La Administración autonómica considera una línea roja que el primer Presupuesto tras la aprobación incumpla el Estatuto y el REF, lo que sentaría un “grave” precedente para posteriores ejercicios y “una tomadura de pelo a los canarios”. El Ejecutivo de Clavijo recela especialmente de partidas como el Programa Comunitario de Apoyo a Producciones Agrarias de Canarias (Posei) adicional; para la desalación de aguas; los 40 millones de euros para obras hidráulicas y los 42 millones para infraestructuras educativas, así como las becas para la movilidad de estudiantes y profesorado entre islas.

Pedro Sánchez ha reservado una visita a Gran Canaria para asistir el 17 de enero a un acto sobre el Estatuto. Fernando Clavijo quiere aprovechar esa circunstancia para intercambiar unas palabras con el inquilino de la Moncloa. No fue factible con motivo de la estancia de Sánchez en Lanzarote, donde el presidente disfrutó de unas vacaciones familiares. Dado que esa cita llegaría después de que el Consejo de Ministro ultime, mañana, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, el objetivo es afrontar la tramitación parlamentaria con un acuerdo previo que evitaría que Coalición Canaria presente una enmienda a la totalidad. Retrasar el consenso hasta más allá del primer trámite parlamentario implicaría un “regateo” corto y difícil que inquieta al equipo económico de Clavijo, con Rosa Dávila a la cabeza.

El informe de marras no descifra únicamente el adicional presupuestario que suponen el REF y el Estatuto de Autonomía, sino que analiza pormenorizadamente el impacto que tendrían las medidas en la cuantificación global de recursos y sobre el producto interior bruto (PIB) del Archipiélago, así como sobre el empleo, lo que rozaría los 5.000 millones de euros en 2019. Se trata de 4.962,6 millones de euros, el 10,6% del PIB y casi 100.000 empleos. Ello se conseguiría “como consecuencia del cumplimiento” de las mencionadas leyes. Estos cálculos asumen la creación de un empleo por cada 50.000 euros de PIB, que es la cifra en torno a la que se genera empleo en Canarias en 2017, según la estadística de Contabilidad Regional.

Hasta 2018, prácticamente todos los presupuestos generales incumplieron el mandato del anterior REF de que las inversiones del Estado en Canarias no podían ser inferiores a la media de las demás comunidades autónomas; entre otras razones, porque el Tribunal Constitucional dictaminó que una ley del Estado (el Presupuesto) podía imponerse a otra de igual rango (el REF). Sin embargo, Clavijo arguyó ayer que el REF está ahora reforzado por una Ley Orgánica que lo blinda: el Estatuto. El dirigente canario está convencido de que el Archipiélago ganaría en los tribunales un hipotético litigio sobre esta cuestión, como ya ocurrió con el pleito por el recorte de las inversiones en carreteras, pero también sabe que semejente solución, no deseada, privaría a la comunidad autónoma de esos fondos durante años, hasta que se aplique la sentencia. De ahí que vea imprescindible marcar posiciones desde el primer Presupuesto: “Esta es una batalla de Canarias, no del Gobierno. Debemos decidir si defendemos el fuero que nos garantiza instrumentos para no seguir a la cola o si tiramos la toalla”.

Clavijo esgrime que, en todo este tiempo, Canarias “ha sido leal” con el Gobierno central y que sigue siéndolo al advertir al Gabinete de Pedro Sánchez de las obligaciones legales que comportan el nuevo Estatuto y el REF. En paralelo, acusa al Gobierno del PSOE de haber quebrado esa confianza con decisiones como la de cambiar -a escasos días para que se firmase- el acuerdo al que habían llegado con el Ministerio de Fomento para repartir en ocho años las compensaciones que debía recibir Canarias por las sentencias sobre el convenio de carreteras. Clavijo se ha quejado de que, a última hora, el Gobierno de Pedro Sánchez “intentó privar a Canarias de 300 de los alrededor de 900 millones derivados de la aplicación de esas sentencias del Supremo y derivar el resto del dinero no a infraestructuras, sino a reducir deuda, a pesar del endeudamiento más bajo del país en euros por habitante. De sus cálculos se desprende que Canarias habría de recibir en cada anualidad 2.208 millones por el REF económico; 841 millones, por el REF fiscal, y 1.913 millones por el Estatuto: unos 400 millones más que en los Presupuestos de 2018, que situaron a las Islas por encima de la media de las comunidades autónomas en inversión regionalizada, con 361 euros por habitante. “No son privilegios”, de las Islas, profirió Clavijo, sino de las compensaciones que le reconocen la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación para equipararse en igualdad de condiciones al resto de España.

“El reconocimiento que la Constitución de 1978 realiza del Estado de las autonomías en España viene a suponer para Canarias el respaldo constitucional de sus peculiaridades económicas, políticas y administrativas acumuladas desde su incorporación a la Corona de Castilla al señalar las singularidades de su orden político y de su régimen económico”, se lee en el preámbulo del flamante Estatuto.

Por la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica de Canarias, proclama el artículo 3, “los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, tendrán en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, cuando incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago”.

Unas normas vitales en vigor desde el 6 de noviembre de 2018

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 6 de noviembre las leyes de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y del Régimen Económico y Fiscal (REF). La primera de las normas recoge una reforma del sistema electoral, la supresión de los aforamientos, y el anclaje constitucional del REF y su desvinculación de la financiación autonómica ordinaria. Además, concede a la presidencia autonómica la facultad de promulgar decretos ley y de disolver el Parlamento para convocar elecciones anticipadas. El REF incluye, por ejemplo, el descuento del 75% para residentes canarios en sus viajes con el resto del país y medidas contra la pobreza-