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Unicef recuerda que hay 150.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias

El presidente de esta ONG en las Islas, Amós García, reclama colocar en el primer lugar de la agenda política a la infancia, que, subraya, está formada por los ciudadanos del presente "solo así se conseguirá las cifras de pobreza infantil en Canarias que son inaceptables”, afirmó
Amós García Rojas, presidente de Unicef en Canarias, ayer en la comisión parlamentaria. Fran Pallero
Amós García Rojas, presidente de Unicef en Canarias, ayer en la comisión parlamentaria. Fran Pallero
Amós García Rojas, presidente de Unicef en Canarias, ayer en la comisión parlamentaria. Fran Pallero

María José Rodrigo y Amós García hicieron estos planteamientos durante sus comparecencias en la subcomisión del Parlamento sobre la situación de la infancia en Canarias, que se constituyó el pasado jueves y que deberá sacar un informe antes del final de la legislatura, a finales de marzo de este año.

El presidente de Unicef en Canarias, Amós García, reclamó colocar en el primer lugar de la agenda política. García puso de manifiesto los datos del informe presentado el pasado año con datos de 2014 y según los cuales el 41,6% de los menores de 17 años de las islas, unos 150.000, están en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. Según García, es preciso que de forma urgente se ponga en marcha un instrumento “potente” para modificar la realidad, e insistió en que las medidas tienen que tener carácter transversal.

Para García “hay que meter a la infancia en la agenda política, solo así se conseguirá las cifras de pobreza infantil en Canarias que son inaceptables”, afirmó.

Cerca de la mitad de los niños y adolescentes canarios, un 41,6% están en riesgo de pobreza y exclusión social, una cifra que estaría en unos 150.000. Un dato que contrasta con el 33% a nivel estatal, y ofreció más cifras que están relacionadas con la pobreza infantil y con la educación y la sanidad. Por ejemplo, el abandono escolar en Canarias se sitúa en el 19%, la escolaridad de 0-3 años solo alcanza el 12% y la obesidad y el sobrepeso afecta al 44% de los menores. Por todo ello planteó medidas urgentes a llevar a cabo.

“Es conveniente y necesaria la elaboración de informes de la situación de la infancia con mecanismos de recopilación y análisis sistemáticos de datos en base a indicadores específicos desarrollados para medir el bienestar infantil desde un enfoque de derechos para conocer mejor la realidad de este colectivo”. Es necesario la elaboración de planes municipales, insulares y autonómicos con prioridades y medidas medibles basadas en necesidades específicas de la infancia y la adolescencia.

Como medidas ha planteado en el Parlamento reducir las cifras de pobreza hasta el 27% en 2020 y el 13% en 2030 para ello ha pedido revisar los presupuestos y programas que se destinan a la infancia y garantizar una educación inclusiva y de calidad.

“Se debe mejorar la captación de estadísticas, pues sin conocer la situación de los menores es complicado trabajar o elaborar medidas específicas”.
Su dependencia y su estado de desarrollo les hace especialmente vulnerables y son más sensibles que los adultos a las condiciones con las que conviven, tales como la pobreza, la infravivienda o la contaminación. Son unos de los elementos más graves de la estructura social y por tanto hay que colocarlo de manera prioritaria en la agenda política”.

Mejorar la gestión de los recursos destinados a la Infancia

La catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación María José Rodrigo pidió ayer mejorar la gestión de los recursos destinados a la infancia

La catedrática de la Universidad de La Laguna habló de la Estrategia Canaria de Infancia y Familia diseñada por profesionales de las dos universidades canarias y que, aprobada el pasado 18 de diciembre estará en vigor hasta 2023.

Durante su comparecencia, María José Rodrigo reconoció que es necesario mejorar tanto la financiación como la normativa y la coordinación, pero aseguró que los mayores problemas están en la gestión de los recursos, pues en ocasiones se pierde dinero de la Unión Europea y se actúa con lentitud.

Y, en un Estado en el que se habla de carencias presupuestarias no se pueden cometer esos “lujos”, indicó María José Rodrigo, quien aseguró que para las soluciones “no todo es cuestión de echar dinero” al sistema.
Apostó por afirmar en calidad para decidir dónde se invierte el dinero y señaló que no puede ocurrir que una administración “se apunte” a un tratamiento sin estudiar antes si podrá ejecutarlo. María José Rodrigo quiso ser optimista y así recordó que Canarias fue la primera comunidad que hace casi veinticinco años aprobó una ley integral de la infancia y ahora lo es en disponer de una estrategia que, comentó, es lo mismo que un plan pero sin ficha presupuestaria, la cual estará en la Ley de Servicios Sociales. Una estrategia con medidas de acción “muy concretas” que pone los “mimbres”. En respuesta a los diputados la catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de la Laguna también se refirió a problemas de la infancia, y en particular al de la justicia juvenil que, afirmó, es un “quebradero” en el sistema porque no se tienen claro por qué rutas se accede.

María José Rodrigo indicó que no se sabe en realidad cuales son los condicionantes de vida que pueden llevar a una situación de medidas judiciales a una persona joven, y comentó que en gran parte llegan del sistema de protección, al que se llega después de sufrir en la infancia malos tratos “muy graves”, que en el 70% de los casos son producto de negligencias. Explicó que hay casos de madres que llegan al sistema después de sufrir malos tratos en la infancia, los cuales se mantienen en la siguiente generación y producen condicionantes psiquiátricos “gravísimos”.

María José Rodrigo dijo que en salud mental infantil hay un “agujero” a pesar de que se está mejorando mucho.

Abogó porque el los sistemas de justicia juvenil y de protección estén bien engranados con salud mental, porque, declaró, son niños que entran en protección en condiciones “deplorables”, que hacen muy difícil si reinserción. Eso, agregó, afecta al sistema de protección, al de justicia juvenil y al de extutelados, que cuando salen tienen difícil incorporarse al mercado trabajo porque llegan con problemas psiquiátricos.

María José Rodrigo se refirió en especial al acogimiento residencia, que está centrado en adolescentes con problemas “gravísimos” y muchos de ellos de tipo psiquiátrico, y si bien reconoció que se ha avanzado mucho señaló que el problema es la naturaleza del año, ya que hace que se necesiten equipos terapéuticos muy especializados.

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