El Ministerio de Fomento considera que la eventual articulación de un tope máximo para los precios de alquiler de viviendas corresponde a los gobiernos regionales y a los ayuntamientos. Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, al considerar que “son estas administraciones las que mejor conocen el mercado de la vivienda en sus respectivos territorios”.
“No hay un solo mercado de la vivienda, hay muchos mercados en función de cada territorio. Por ello, el Ministerio cree que deben ser las administraciones autonómicas y locales, que son las que mejor conocen esos mercados, las que regulen sobre controles de precios del alquiler”, añadió durante su intervención en el Executive Forum.
La articulación de un tope máximo para los precios de alquiler de vivienda es una de las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario que el Gobierno alcanzó con Podemos.
El hecho de que el Ejecutivo no incluyera iniciativa alguna en este sentido en el decreto ley de medidas para el mercado de alquiler que aprobó a finales de año llevó a que la formación que lidera Pablo Iglesias rechazara este texto que, finalmente, no logró pasar el trámite de convalidación en el Congreso.
Con su actual consideración de que deben ser las autonomías y los ayuntamientos las que pongan coto a las rentas de la vivienda, Fomento defiende un planteamiento similar al que mantiene en relación a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), los que dan servicio a Uber y Cabify.
En este caso, el Ministerio aprobó un real decreto para habilitar que administraciones públicas regionales y locales entren a regular en la materia, dado que, según insistió Saura, “son las que deben gestionar este nuevo tipo de transporte urbano en el marco de sus políticas de movilidad”.
Respecto al mercado de la vivienda, Fomento aún no ha determinado si un nuevo real decreto de medidas de alquiler formará parte de la batería de este tipo de textos legales que el Ejecutivo prevé lanzar en las próximas semanas para continuar gobernando hasta las elecciones. Además de la escasez de vivienda social y privada, uno de los problemas que provoca el incremento constante del precio del alquiler es el alquiler vacacional. En este sentido, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) aseguró ayer que la intención del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), es aprobar una ordenanza municipal para “beneficiar” al sector hotelero. La asociación indica que no es cierto que haya falta de regulación del alquiler vacacional, ya que, explica, es una modalidad alojativa que está regulada por un decreto del Gobierno canario de 2015, y añade que las sentencias que anulan varios preceptos del decreto no afectan al resto de la normativa.
Insiste en que a las viviendas vacacionales inscritas en el Cabildo de Tenerife hay que sumar las miles de declaraciones “responsables” aportadas y pendientes de inscribir, y comenta que “es un hecho” que la Corporación insular tiene retrasos de hasta 18 meses para la inscripción de una vivienda vacacional. De ahí que, a juicio de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, no se puede hablar de 400 viviendas alegales sin saber cuántas están pendientes de ser inscritas.
Según esta asociación, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife habla de “regulación” y no “prohibición”, cuando, subraya, la mencionada ordenanza municipal representa una limitación “injustificada e incluso prohibición de facto en algunos barrios como El Toscal”.
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