El Gobierno regional reiteró ayer que ya tiene su hoja de ruta para que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) se convierta en una Renta Canaria de Inclusión y rechaza “otros modelos más populistas” que supondrían romper el consenso alcanzado en la Mesa de Concertación Social. Por ello, el Consejo de Gobierno se ha manifestado en contra de tramitar la proposición de ley número 37 impulsada por Nueva Canarias (NC), como ya hizo con las 33 y 34 de los grupos de Podemos y Nueva Canarias. La consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido (CC), considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inclusión a través de la modificación de la PCI, tal y como se acordó en los undécimos acuerdos de Concertación Social. En ese marco se ha concluido que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe concretarse la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual. El Ejecutivo ha hecho “un análisis muy realista de la situación” y entiende que “acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los undécimos acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales”.
La iniciativa de Nueva Canarias plantea, en su artículo 4, dos modalidades. Una de ellas es la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas. Y la otra modalidad supone una “renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo” para complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que, aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera. Además, cuando no se trate de pensionistas, esta modalidad se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral.
Desde NC, Román Rodríguez responde que la renta de ciudadanía impulsada por su grupo ha superado finalmente en el Parlamento el veto del Gobierno presidido por Fernando Clavijo. El líder y portavoz parlamentario de este partido confirma que el debate de la toma en consideración de la proposición de ley se producirá en el pleno ordinario que comienza esta tarde. Rodríguez avanza que esta ayuda, destinada a garantizar los servicios mínimos para tener una vida digna a unas 60.000 unidades familiares, “será una de las banderas y principales compromisos de los nacionalistas progresistas en la próxima legislatura”.
Pese al “insistente empeño” del Ejecutivo de CC para evitar que se pusiera en evidencia que el 40,2% de la población de las Islas en riesgo de pobreza “no es su prioridad”, Rodríguez enfatiza que la proposición de ley de NC se discutirá aun con el último informe negativo a que se debata: “La Mesa ha hecho prevalecer el derecho de la oposición a la participación política, en base a los antecedentes del Tribunal Constitucional”.
Historia social única
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno decidió dedicar 2,5 millones de euros para licitar la Historia social única, un modelo unificado de gestión de la prestación de los servicios a la ciudadanía y que facilitará los trámites en la solicitud de ayudas. Ofrecerá “un perfil más real y exacto de la situación de las personas”, explicó Valido.
El sistema funcionará como una estructura operativa común para las administraciones públicas y aquellas entidades privadas que proveen servicios.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas