
El Servicio Canario de la Salud (SCS) comenzó a cubrir desde el pasado martes las bajas laborales de los inspectores de Salud Pública, que siguen reivindicando mejores condiciones laborales para llevar a cabo el control sanitario en Canarias.
Este hecho se produjo, casualmente, el mismo día en el que DIARIO DE AVISOS dio cuenta del conflicto abierto entre los 125 inspectores de Salud Pública con la Consejería de Sanidad por la falta personal, con casi el mismo número de funcionarios que hace 37 años, y de medios, para garantizar el control sanitario en las Islas.
Una de las peticiones de los trabajadores está relacionada con un aumento en el pago por kilometraje, que actualmente se sitúa en 19 céntimos el kilómetro, por lo que muchos de ellos han dejado de utilizar sus vehículos para realizar las inspecciones. Esta medida de presión llevada a cabo por los técnicos no ha gustado a los responsables de las áreas de Salud de cada una de las Islas, que son los responsables de la inspección, por lo que les han vuelto a amenazar con tomar medidas drásticas si no desisten en la citada medida de presión.
Forzados a negociar
Ante tal posicionamiento de la Consejería, los trabajadores solicitaron varias comisiones de servicio que forzaron a la Administración a sentarse a negociar. A partir de ahí, los inspectores sanitarios remitieron una propuesta de máximos para que la Consejería la valore hasta que se produzca el encuentro entre ambas partes el próximo día 7.
Para poder ser conscientes de la importancia de las funciones que realizan estos técnicos, cabe enumerar algunas que resultan esenciales para la salud de los ciudadanos, como la investigación de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos; vigilancia, control e inspección de mataderos; vigilancia, control e inspección del agua de consumo humano; inspección sanitaria de aguas de baño, playas y piscinas naturales; control e inspección de piscinas; inspección de vertidos de aguas residuales; inspección sanitaria de instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión de legionela en hospitales, residencias, hoteles; control, inspección, auditoría de fabricantes, envasadores y distribuidores de productos químicos (lejías, detergentes, biocidas) o control, inspección y auditoría del sector de comidas preparadas y restauración (bares, restaurantes, colegios y guarderías), etcétera.
Hasta el momento, a pesar de las medidas de presión de los trabajadores y de la escasez de personal, no hay constancia de que se haya producido ninguna incidencia sanitaria en las Islas.





