Tanto el Cabildo palmero, responsable de las obras de la Zona Comercial Abierta que se desarrollan desde el pasado mes de octubre en La Alameda, como el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a quienes los vecinos de este céntrico espacio de la ciudad exigen una solución urgente, han pedido a la empresa adjudicataria de los trabajos, Dragados, que ponga todos los medios humanos y materiales posibles a disposición de un proyecto que necesitan agilizar en un proceso de obras en las que se mantienen abiertas cuatro calles, una menos después de que esta misma mañana se recibiera la obra de la vía en la que se encuentra la sede de la Policía Nacional en la capital palmera.
Los malos olores en algunas de estas vías y la falta de accesibilidad, con un estrecho paso para peatones y vecinos, continuarán en tanto esta mañana se celebra en el Cabildo una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto, en la que tiene representación la Asociación de Empresarios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma. Desde esa entidad señalan los inconvenientes como parte de una sucesión de circunstancias sobrevenidas, originadas a partir del levantamiento de la calle y de la detección de problemas en las conexiones a los que se ha tenido que hacer frente sobre la marcha.
Tales circunstancias forman parte de un informe técnico al que ha tenido acceso este periódico, en el que se ha incorporado un modificado del proyecto, lo que obliga a la empresa a “presentar un nuevo planning de obras ajustado a las circunstancias” y en el que “se prevé como fecha de finalización del proyecto el 28 de junio de 2019”. El consejero de Desarrollo Económico, Jordi Pérez Camacho, explicó que “los informes justifican que todos y cada uno de los retrasos han venido motivados por razones de saneamiento sobrevenidas a la situación inicialmente planificada”. “La respuesta que podemos dar a los vecinos es poner todos los medios posibles y hemos forzado mucho la situación con la empresa adjudicataria, para que pongan todos los medios necesarios a disposición de la obra para minimizar las molestias y el impacto, pero pese a todo hay circunstancias que no se pueden evitar”.
Frente al argumento de los vecinos, que señalan como una de las causas de esta molesta situación, la improvisación del proyecto optando por abrir gradualmente hasta cinco calles al mismo tiempo, bloqueando la accesibilidad de una zona residencial y de interés turístico, el consejero del área detalla que “sino se hubiera hecho así, los tiempos y los plazos del proyecto se hubiera dilatado el doble de tiempo, algo que por otro lado generaría incluso más molestias”. Las obras, licitadas por la institución insular y con un coste de 800.000 euros y que arrancaron en el mes de octubre del pasado año 2018, afectan a las calles Pérez de Brito en el tramo Cuatro Esquinas y La Alameda y las vías aledañas, entre las que se ven especialmente afectadas las de Jorge Montero, Santa Catalina y Méndez Cabezola.
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