Tribunales

Clavijo descarga sus posibles responsabilidades en los técnicos municipales

Al declarar como imputado por el caso Grúas, el hoy presidente de Canarias señala a Rosario Hernández, Alejandro Cordero y Antonio Vera como impulsores del polémico préstamo y la controvertida prórroga de la concesión del servicio

Clavijo declara en los juzgados de La Laguna. Fran Pallero
Clavijo declara en los juzgados de La Laguna. Fran Pallero

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), descargó hoy sus posibles responsabilidades por el llamado caso Grúas en los técnicos municipales relacionados directamente con el controvertido expediente y, por elevación, en la Junta de Gobierno municipal.

Así consta en las respuestas dadas por el que fuera alcalde de la Ciudad de Los Adelantados a las preguntas realizadas por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna y la fiscal anticorrupción provincial, María Farnés, dado que Clavijo se negó a responder a las cuestiones que pretendían plantearle los letrados de las dos acusaciones particulares, impulsadas desde los grupos municipales de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias.

Durante su declaración, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Clavijo opta por dos estrategias básicas de defensa. Por una parte no recuerda el contenido del expediente más allá que “por encima”, y, por otra, achaca a los técnicos municipales sus decisiones para, levantando los reparos de la Intervención Municipal, autorizar un préstamo de 120.000 euros y prorrogar la concesión a un grupo de empresarios que habían llevado a Autogrúas Poli a un caos de tal calibre que, legalmente, el Ayuntamiento de La Laguna tenía que haber recuperado la concesión, en vez de intervenirla temporalmente, como finalmente se optó.

Especialmente señalados por el testimonio prestado por Clavijo resultan tanto la exdirectora general del Área de Seguridad Ciudadana, Rosario Hernández, como los dos técnicos que fueron puestos al frente de la concesionaria durante la intervención temporal de la empresa: Alejandro Cordero y Antonio Vera.

Incluso, y tras la enésima respuesta de Clavijo en la que lanza balones fuera, el hoy presidente reitera, a pregunta de la fiscal anticorrupción, que “toda la responsabilidad, analizar la propuesta de los interventores, los incumplimientos,… era del servicio, junto con los interventores. Que son ellos los que le elevan las propuestas al concejal [el que luego lo sucedió como alcalde, José Alberto Díaz, también imputado por este caso Grúas] y éste es el que la eleva a la Junta de Gobierno”.

Otro de los aspectos más llamativos de la declaración de Clavijo es que, al contrario que en anteriores declaraciones, el informe jurídico contratado a juristas externas para contraponerlo a los reparos de la Intervención ha perdido súbitamente importancia para el exalcalde lagunero, a tal punto que llega a manifestar que “cuando firmo el decreto levantando el reparo sabía que la jefa se había basado en el informe elaborado por los catedráticos, pero no sabía su contenido”. Poco antes, achacó la contratación de estos juristas (a los que Clavijo ha recurrido en otras ocasiones, como por ejemplo la Ley del Suelo en el caso de Francisco Villar) a “probablemente por el departamento de servicio de seguridad ciudadana y por la asesoría jurídica”.

Un dato más. En esta ocasión, la titular del juzgado prestó especial interés a la posible comisión de un delito de tráfico de influencias (los otros dos sobre los que versa el caso Grúas son la prevaricación administrativa y la malversación de fondos públicos). Así, Clavijo reconoció, a preguntas de la jueza, que tiene relación a varios de los siete empresarios que arruinaron la concesionaria y que, sin bien negó haberles aconsejado “que fuera un negocio bonito, si que les dije que sería interesante que algunos de los trabajadores continuaran con la empresa”.