El geriátrico El Drago del Marqués, tal y como había anunciado, cerró sus puertas de manera definitiva este domingo, aunque la última quincena de usuarios abandonó la residencia el pasado viernes. De esta forma, la actual propietaria del este centro, sobre el que pesa una orden de demolición de algunas de sus plantas, cumplió lo que ya había anunciado desde que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, fallo que ratificó el del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a la carencia de licencias y la obligación de demoler parte de sus plantas.
Para algunos de los usuarios la salida del centro resultó traumática. Es el caso de Gabriela Cabrera, quien incluso está valorando denunciar a la dirección del centro por el trato recibido. El padre de la que ha sido portavoz de los usuarios de la residencia, ingresó el pasado martes en una clínica privada al empeorar su estado de salud. “Cuando regresamos el jueves, la directora me enfrentó y me dijo que tenía que irse, que solo quedaba él y que el viernes ya no habría personal para atenderlo”, relató a DIARIO DE AVISOS.
La propia Cabrera admite que se temía lo peor cuando su padre salió del centro para ir al hospital por eso pidió plaza en el Mirador de Ifara, residencia que está al lado de El Drago del Marqués. Cuenta que el trato recibido en su salida fue pésimo. “Todo el personal trató muy bien a mi padre, despidiéndose de él con abrazos, lágrimas, con mucho cariño. Todo el mundo se portó bien con él menos la dirección”, afirma la hija de este usuario. Cabrera está convencida de que la dirección no pensaba que su padre volvería antes del cierre y por eso se sorprendieron con su vuelta. “Incluso habían metido su ropa en bolsa viejas. Nos dijeron que había sido un error, que lo volverían a colocar pero les dije que no tocaran nada de mi padre, fue una sensación de humillación tremenda”.
Cabrera califica de “coacción”, la forma en la que hicieron que saliera de la residencia. “Ahora mismo mi padre está bien, que es lo que importa, pero fue todo un drama salir de la residencia”. De esta forma, se pone punto final a la andadura de este geriátrico que, en poco menos de dos meses, ha cerrado sus puertas y enviado a otros centros (públicos, privados y concertados) a más de 170 personas que ocupaban una plaza.
Que el proyecto presentado por los anteriores propietarios no recibiera el visto bueno de las técnicos de Urbanismo, fue el golpe definitivo para que se produjera el cierre de la residencia. Los actuales gestores estaban dispuestos a darle una oportunidad al proyecto de legalización, aunque los antiguos propietarios tiene tres meses para modificarlo y presentarlo de nuevo.
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