“Esta etapa [tras la compra de las viviendas de Añaza por parte del Gobierno de Canarias] en general se está caracterizando por un sentimiento de incumplimiento de los compromisos asumidos y un trato indiferente hacia las circunstancias socioeconómicas de las personas o unidades de convivencia que tienen mayores dificultades para asumir el pago de rentas o carecen de tenencia legal de la vivienda en la que residía”. Con esta frase de un informe se describen los efectos de la gestión que desde hace unos meses realiza la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan en las 358 viviendas de Añaza que el propio Ejecutivo regional compró por 28 millones de euros al Banco Santander para evitar que las adquiriese un fondo buitre, como era intención de la entidad financiera.
Aunque el informe en cuestión, que obra en poder de DIARIO DE AVISOS, considera los hechos como una valoración de los sentimientos despertados en estos vecinos por la gestión llevada a cabo por Visocan, lo cierto es que esta empresa del Gobierno de Canarias sale muy mal parada, como ya se comprobó en una asamblea vecinal celebrada la semana pasada con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, donde los afectados ya se quejaron de que, desde que los gobernantes se hicieron cargo de sus viviendas, los alquileres han aumentado como media entre 50 y 100 euros.
Ahora, este informe (cuya autora es la conocida activista antidesahucios Inma Évora, contratada por la Administración para ayudar en la gestión de estos pisos) desvela que los problemas han llegado, precisamente, con la entrada en escena de Visocan, por cuanto los vecinos valoran positivamente que se comprasen las viviendas.
Desalojos
Sin embargo, esta segunda etapa “ha estado caracterizada por las dudas, inquietudes e inseguridades de los vecinos”. Ello se debe, además de por la subida de alquileres ya citada, a que el Gobierno de Canarias, junto con el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife, se comprometieron a la paralización de los desahucios y a la adaptación del alquiler a la realidad de aquellos a los que las necesidades les obligaron a ocupar algún piso y, en todo caso, a la búsqueda de un realojamiento. Pero las promesas parecen haber caído en saco rato, y con Visocan las quejas llegan “por la falta de información concreta, falta de flexibilidad de los plazos iniciales de entrega de documentación, desconfianza por la llegada de notificaciones de procedimientos judiciales instados por Luri 6 [una firma del Santander que luego sí llegó a venderse a un fondo buitre y que gestionó estas viviendas durante más de un año] en los que Visocan se ha personado, cobro de recibos acumulados en un mismo mes y quejas por el elevado coste del arrendamiento, pues a pesar de que se trata de vivienda protegida, los precios de arrendamiento no distan mucho de los de vivienda libre, del mercado privado”.
Por si fuera poco el enfado entre estas 358 familias del suroeste capitalino, siguen produciéndose robos en los vehículos estacionados en los garajes y actos incívicos, “a pesar de la existencia de un servicio de vigilancia y seguridad contratado”, recuerda el informe en cuestión.
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