sanidad

La jornada de 35 horas en el SCS será efectiva a partir del 1 de mayo

El Ejecutivo canario aprueba una medida recogida en el documento del ‘Compromiso para la mejora de la sanidad pública’, que responde a una reivindicación de siete años
Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno, con participación por videoconferencia. DA
Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno, con participación por videoconferencia. DA
Fernando Clavijo preside la reunión del Consejo de Gobierno, con participación por videoconferencia. DA

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el acuerdo que permite aplicar la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS), una medida que entrará en vigor el 1 de mayo.Se trata de una medida recogida en el documento del Compromiso para la Mejora de la Sanidad pública de Canarias en respuesta a una reivindicación de las organizaciones sindicales desde que hace siete años se estableciera la jornada en 37,5 horas con motivo de la crisis económica.

La entrada en vigor de la jornada de 35 horas en el SCS implicará la contratación de alrededor de 750 profesionales, lo que conllevará una inversión de 30.000.000 de euros anuales para afrontar la reestructuración en las plantillas que supondrá esta nueva normativa. Esta medida se aplica una vez la Comunidad Autónoma ha podido incrementar el gasto no financiero hasta el límite del equilibrio estructural sin dejar de cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y de deuda pública para 2019. La materialización del acuerdo corresponderá al director del Servicio Canario de Salud, que ha de dictar las instrucciones para su aplicación. Aunque lo valora, Intersindical Canaria denunció la semana pasada que la Consejería de Sanidad hace un uso electoralista de las 35 horas y recordó que está ligado a autorización del uso del superávit: “Es una maniobra política más del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar”. Este lunes, el titular de Presidencia, José Miguel Barragán, vinculó la reducción en Educación al superávit: “Deben contar con los recursos necesarios”.

En otro punto, se consignaron 12,5 millones para el transporte escolar adaptado hasta 2022.

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