Ignacio Ruíz-Jarabo Colomer: “El sistema de incentivos económicos de los funcionarios es perverso”

Sus críticas a la Hacienda Pública no dejaron indiferentes a los más de 100 empresarios que el pasado viernes se congregaron en el Club Oliver de Santa Cruz para acudir al VI Foro de Economía, Derecho y Empresa organizado por Assap en colaboración con CaixaBank. Ignacio Ruíz-Jarabo dijo cosas como que el actual sistema tributario es “complejo” y “chapucero” y que hay que cambiarlo por completo, así como bajar los impuestos. En su opinión, la presunción de veracidad que, por sí, tiene la administración tributaria “pervierte el sistema” porque lo lleva directamente al conflicto y a la litigiosidad. Y apuntó: “En más del 50% de los casos, los tribunales dan la razón a los contribuyentes”. Minutos antes de su intervención en el VI Foro, este economista, técnico de Hacienda y exdirector de la Agencia Tributaria atendió a DIARIO DE AVISOS

-¿Es posible una Hacienda Pública diferente?
“No solamente es posible sino que es imprescindible y necesario. España necesita una Hacienda Pública que cambie radicalmente su actual filosofía, organización y relación con el contribuyente”.

-¿Qué es lo que cambiaría?
“Lo primero, abandonaría absolutamente cualquier vocación o cualquier intento de subir los impuestos. Es más, lo que habría que hacer es reducirlos, pero en ningún caso subirlos. Hay que abandonar esa idea sobre todo cuando el argumento para subirlos es que tenemos menos presión fiscal que el resto de países europeos, porque siendo verdad no es un argumento válido”.

-¿A qué se refiere?
“Me explico. ¡Claro que paga menos un español que un sueco!, pero es que el sueco nos dobla en renta per cápita. ¿En España entendemos que en el IRPF quien gana 50.000 euros pague más que el que gana 25.000? Si, lo entendemos, más que proporcionalmente. En concreto, quien gana 25.000 euros paga un 16% y quien gana 50.000, un 24%. Pero es que los españoles, como media, ganamos 25.000 euros, y los suecos, como media, ganan 50.000. Luego, es lógico que los suecos tengan un proporción mayor de presión fiscal, al igual que el español que gana más, paga más que el que gana menos. Es decir, los partidarios de subir los impuestos con este argumento entran en una contradicción importante, porque apuestan que entre españoles pague más el que más gana, pero entre europeos no aceptan ese principio. Por tanto, le insisto, no debemos subir impuestos bajo ningún concepto y, a ser posible, lo que hay que hacer es bajarlos. Pero es que además de esto tenemos un sistema fiscal completamente ancestral y arcaico que se ha ido haciendo a golpe de ir tapando agujeros y, por eso, creo que habría que repensarse la propia estructura del sistema para que fuera más armónico y coordinado. Es cierto que, teniendo en cuenta la estructura territorial de España, son un problema los impuestos autonómicos y las desigualdades que genera. Por eso habría que no subir impuestos, o en todo caso bajarlos, pero además organizarlos mejor. Y unido al funcionamiento de la Hacienda Pública en su totalidad debería plantearse un equilibrio entre las potestades que tienen estas administraciones y las garantías y los derechos que tenemos los contribuyentes. Hoy la situación está absolutamente desequilibrada”.

-¿Garantías? ¿Qué garantías?
“Sí, sí las tenemos, aunque no lo parezca, lo que pasa es que están completamente subyugadas antes las enormes potestades de la administración tributaria. Mire, en este país se hizo un esfuerzo muy importante con la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes. Se consiguió reequilibrar estas dos cuestiones, pero desde entonces, poco a poco, se ha ido degradando este equilibrio y hemos llegado a una situación de aplastante superioridad de la potestad de la administración tributaria. Y luego ya, por último, la cuarta pata que cambiaría, sería la actitud de la Hacienda Tributaria. Es evidente que cuando alguien no cumple una norma hay que perseguirle y sancionarle. Por supuesto que sí, pero la Hacienda Pública debe hacer un esfuerzo porque ésto no sea ni lo más importante que haga, ni lo que más tiempo le ocupe. Debe tener una complicidad con los contribuyentes en base a los servicios de información que nos debe prestar, de ayuda a cumplir con nuestras obligaciones, de asesoramiento con las dudas que tengamos… y evidentemente perseguir al que incumple, pero muchas veces la percepción que tiene el contribuyente es que lo único que le preocupa a la Hacienda Pública es perseguirnos, sancionarnos y después publicar que nos ha multado. Esto debe cambiar. Hay que buscar la empatía entre la Hacienda Pública y el contribuyente”.

-¿Por qué Hacienda siempre persigue a los mismos?
“La percepción individual es así, es decir, la Agencia es dura e injusta conmigo y benévola con los demás. Pero hay un asunto importante en el fondo de esta pregunta. En España, si no hubiera vigilancia fiscal no se pagarían impuestos. Pero es que en Alemania tampoco. No nos engañemos. No somos peores que los alemanes, y si en Francia no hubiera una vigilancia en el pago de impuestos, tampoco se pagaría. Nadie paga impuestos, sea español, alemán o inglés, si pudiera dejar de pagarlos sin ningún riesgo. Es la existencia de un riesgo lo que hace que paguemos impuestos. Y dicho esto ,yo creo, sinceramente, que es un mito que en España hay más fraude que en otros países. De entrada, el fraude no se conoce, es solo una estimación y en estas estimaciones juegan muchos las leyendas negras que nos sitúan en primer lugar”.

-O la publicidad de algunos casos muy mediáticos.
“Por ejemplo. Yo tengo mucha relación con la administración tributaria francesa y no se airean los casos de fraude como ocurre en España. Por lo que sea, en nuestro país, cada vez que hay un caso fiscal trascendente de alguien conocido ocupa espacios en los medios de comunicación y, claro, esto genera una sensación de que todo el mundo defrauda”.

-Entiendo que se hace para demostrar que nadie es inmune a Hacienda y que aunque sean futbolistas, actores o políticos, también se les investiga. Como la lista de morosos que se publica para que a los empresarios les dé vergüenza.
“En mi opinión, publicar la lista de morosos es simplemente una acción de márketing político. No ha tenido ningún efecto. Mire, le voy a dar un dato: el 80% de los morosos de la última lista publicada son empresas que están en concurso de acreedores. Así que, por mucho que se publique la lista seguirán en ella. Después hay sociedades que son insolventes por lo que tampoco van a pagar. Por tanto, es inútil publicar esa lista y no tiene más objetivo que el márketing político de los gobiernos, para justificar delante de los ciudadanos su lucha contra el fraude”.

-¿Hay herramientas legales para que una persona que gana mucho pague menos al fisco? En muchas ocasiones se ha puesto el ejemplo del empresario y el chófer, donde el primero paga menos impuestos que el segundo.
“Realmente, no. Con la Ley en la mano se puede, efectivamente reducir la carga fiscal, pero no tanto como para que un gran empresario acabe pagando menos que su chófer. El empresario puede ganar dinero a través de sus empresas, no él personalmente, por eso ahí la comparación no es real. Pero sí que es verdad que, como las normas fiscales son muy complejas y ahí el culpable es el Estado, el que puede pagarse un buen asesor tiene más posibilidades de aprovechar las ventajas legales que existen. Pero, claro, esa desigualdad entre quien puede pagarse un buen asesor fiscal y el que no, existe. Se trataría, entonces, de hacer las normas más fáciles y no habrá esta desigualdad entre quien puede y quien no pagarse un buen asesor”.

-Usted dice que los diferentes impuestos autonómicos crean desigualdad entre territorios y contribuyentes ¿Cree que en Canarias, por ejemplo, tenemos ventaja por los incentivos fiscales que ofrecemos?
“Esta desigualdad en Canarias está totalmente justificada. Nada que objetar, además está previsto y consentido por Europa. Es un instrumento útil y, además, está siendo usado con eficacia. Si tu comparas cifras de atracción de inversión de Canarias con otras regiones de España, se ve que se usan con eficacia estos instrumentos”.

-¿Podría beneficiarnos ampliar más esas ventajas hasta convertirnos en un paraíso fiscal?
“Un paraíso fiscal tiene una gran ventaja, pero también unas penalizaciones. Habría que analizarlo en profundidad, pero yo, particularmente, no lo aconsejo. Es verdad que sería una región muy atractiva por el coste cero para el inversor, pero luego tendría también penalizaciones porque los Estados se defienden de los paraísos fiscales. Yo creo que Canarias está bien como está. Que siga apostando por la peculiaridad impositiva derivada de su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y que siga usando eficazmente los instrumentos que ya dispone, porque les está yendo bien”.

-¿Son de verdad progresivos los impuestos en España? ¿Paga más el que más tiene?
“Claro que sí, pero cuidado con la progresividad del IRPF. Es una progresividad tremendamente defectuosa porque en aras de conseguir más recaudación nuestros hacendistas han hecho que aumente muy rápido el tipo impositivo y entonces se alcanza el tipo máximo muy pronto y luego ya deja de ser progresivo. Le pongo un ejemplo claro. Si Juan gana 50.000 euros paga en el IRPF un 28%, si gana 100.000 paga 36%, pero si gana 400.000 solo pagará un 38%, es decir, sube muy rápido pero después se estabiliza. Está penalizada nuestra clase media en el IRPF. Los pequeños empresarios, autónomos y profesionales son las grandes víctimas de la progresividad del IRPF, porque pagan mucho más de los que ganan menos, pero solo un poquito menos de los que ganan mucho”.

-¿Debe tener la Hacienda Pública afán recaudatorio?
“Es que está primado. Cuanto más altas son las liquidaciones que nos hacen los funcionarios más ganan. Cuanto más nos embargan por no pagar, más ganan. Creo que el sistema de incentivos económicos de los funcionarios debería ser modificado. Y le explico porqué. El inspector de Hacienda que haga unas liquidaciones muy elevadas, tendrá unos incentivos elevados. Pasan siete años. Esas liquidaciones fueron recurridas y son anuladas por los tribunales, pero el funcionario no devuelve esos incentivos económicos que ha percibido. Esto es un mecanismo perverso porque alimenta liquidaciones altas y, aún más, indebidamente altas y esto se debería repensar”.