La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que instruye el caso de la muerte del pequeño Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo de gran profundidad y cuyo cuerpo fue rescatado 13 días después, considera que el dueño de la finca de Totalán (Málaga) cometió presuntamente un delito de homicidio por imprudencia grave.
Así se indica en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se dispone que sigan las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado, apuntando que David Serrano, propietario de la parcela, pudo cometer un delito de homicidio por imprudencia grave ya que el día de los hechos, el 13 de enero de 2019, “era conocedor de que el pozo se encontraba al descubierto sin estar protegido con las suficientes medidas de seguridad”.
Según el documento, “se derivan indicios racionales de cómo el pozo por el que cayó Julen no estaba tapado ni protegido con las suficientes medidas de seguridad” cuando sucedieron los hechos.
Además, se indica que las obras llevadas a cabo en la finca para la ejecución de las perforaciones y zanja “carecían de cualquier tipo de autorización exigible para la ejecución de las obras realizadas sobre el terreno”.
De igual modo, en el auto se precisa que el dueño de la finca “no adoptó ninguna medida de seguridad para evitar accidente alguno, principalmente en el pozo realizado”. Tampoco ha quedado justificado, prosigue el documento, que el investigado “alertara ni advirtiera de la existencia concreta del mismo cuya visualización, además, era difícil”.
Los hechos, según el auto, revisten, inicialmente, los caracteres de un delito de homicidio impudente, por imprudencia grave previsto y penado en el artículo 142.1 Código Civil.
La jueza de instrucción de este caso añade que se dé traslado del auto a las partes, que tienen diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o pedir el sobreseimiento de la causa.
Julen cayó el domingo 13 de enero a un pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y más de 70 metros de profundidad. Su cuerpo fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban desde el momento del suceso; y a las 03.29 horas se logró subirlo a la superficie.
El único investigado en este procedimiento es David Serrano, el dueño de la finca donde se encuentra el pozo en el que cayó el pequeño, al que inicialmente se le achaca un presunto delito de homicidio imprudente.
El informe definitivo de autopsia realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga señaló que el niño murió por la caída en el pozo, a los pocos minutos tras la precipitación, y apuntó a que la causa del fallecimiento fue por traumatismo craneoencefálico y raquimedular, presentando dos fracturas, una en la zona occipital y otra en la región temporal izquierda.
Cabe recordar también que la Junta de Andalucía ha remitido al juzgado que lleva el caso por la muerte de Julen un escrito para personarse como perjudicada en el procedimiento. Así lo aseguraron a Europa Press fuentes judiciales, que han apuntado que esto da opción a la Administración andaluza a reclamar el coste derivado del rescate, aunque esto es algo que aún no han concretado.
La Fiscalía de Málaga instó a la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga a que hiciese un ofrecimiento de acciones a la Junta por los gastos generados en el rescate. La jueza remitió dicho ofrecimiento y la respuesta del Gobierno andaluz ha sido personarse en la causa.
De esta manera, se ha cifrado en 687.749,51 euros el coste de todas las actuaciones que se hicieron para rescatar a Julen. Se trató de una verdadera obra de ingeniería civil en un contexto de emergencia, con unas condiciones muy adversas en cuanto a las dificultades del terreno.
Por otro lado, la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda ha procedido a la apertura de dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca donde falleció Julen y contra la empresa perforadora del pozo en concepto de “presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera”, y que ambos casos comporta una sanción dentro de una horquilla que oscilaría entre los 300.001 euros y el millón de euros.
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