Cientos de restos arqueológicos palmeros, propiedad de un coleccionista privado residente en la vecina isla de Tenerife, han llegado a manos del Cabildo insular de La Palma en las últimas semanas.
Esta, que sin duda es una buena noticia para el patrimonio cultural y arqueológico de la Isla, es también la evidencia de las décadas de expoliación que el territorio ha soportado, en un ejercicio de esquilmación de las decenas de yacimientos de los antiguos pobladores de La Palma. Esta acción reiterada, hasta ahora no se ha castigado de forma oficial con la aplicación de las leyes vigentes, optando la administración insular en este terreno, por la buena voluntad, la negociación y las serias advertencias a quienes, de forma intencionada o no, se han hecho propietarios ilegítimos de un bien patrimonial público.
El Servicio de Patrimonio Arqueológico de La Palma, dependiente de la primera institución insular, y en estrecha colaboración con los agentes de Medio Ambiente del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, preparan un equipo de vigilancia contra la expoliación. Es la primera vez que se madura esta decisión, justo el año en el que se hará frente a algunas de las graves consecuencias de una de las expoliaciones más llamativas que ha sufrido el patrimonio arqueológico palmero, concretamente en la Cueva de El Tendal. Si bien el Centro de Interpretación de este yacimiento, uno de los más importantes del archipiélago canario, está abierto al público con excelentes resultados, los técnicos liderados por el arqueólogo Jorge Pais, evidencian los graves daños sufridos por este espacio, donde tendrán, con cargo a los presupuestos pendientes de aprobar por el Cabildo palmero este año 2019, recuperar los destrozos y los restos olvidados por los expoliadores.
“Cada vez hay menos expoliadores, pero los sigue habiendo y debemos tenerlos controlados”, explica el experto Jorge Pais, que asegura que “la nueva Ley de Patrimonio de rango regional establece graves sanciones para este tipo de actividad, pero además le da un papel más determinante a los agentes forestales, que en La Palma suma a una treintena de personas, y la idea es hacer un equipo específico de vigilancia y control para perseguir y sancionar a los expoliadores”.
Asegura el también jefe del Servicio de Patrimonio Arqueológico de La Palma que “sabemos que hay gran cantidad de restos arqueológicos en manos de particulares, y aunque hasta ahora hemos optado por dialogar e ir por las buenas, en este proceso de recuperación de esta parte esencial de nuestro patrimonio, no podemos obviar la ley a la hora de iniciar la apertura de expedientes sancionadores, porque hablamos de bienes de interés público y no pueden, en ningún caso, estar en manos privadas”.
La expoliación se ha extendido entre pseudos científicos y particulares que han llegado, no solo a sustraer piezas arqueológicas de enorme valor histórico de forma reiterada, sino a destrozar otras que consideran inservibles, o incluso a inscribir nombres y fechas en grabados benahoritas, sustrayendo de los yacimientos restos óseos. Estos casos se han dado en distintas fechas en localizaciones tan importantes como la necrópolis del Pico Bejenado, en el ahora ya protegido parque arqueológico de la Zarza, en el Calvario de Santo Domingo y en la Cueva de El Tendal.
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