El cambio político surgido de las elecciones del 26 de mayo en Canarias se nota hasta en la disposición de los escaños: el banco azul, donde se sientan los miembros del Gobierno, está ubicado ahora a la izquierda de la Mesa del Parlamento y CC sigue a la derecha. Será porque Ángel Víctor Torres y compañía se sienten incómodos con los “agujeros” que dejó el Ejecutivo del hoy senador autonómico Fernando Clavijo, que, en vez de forrar el escaño, se aforó. Este martes, el primer pleno ordinario de la décima legislatura puso a cada quien en su sitio. En la sesión de control, el presidente reconoció que se va a producir un retraso en la aplicación del programa del cuatripartito (PSOE, NC, Podemos y ASG), por culpa de la herencia. El portavoz de la confluencia entre Podemos, Sí se puede y Equo, Manuel Marrero, quería conocer su criterio sobre el “legado desastroso”. Torres se apoyó en un documento del servicio económico de la comunidad autónoma, del 6 de agosto, para lamentar que en 2019 habrá 151 millones de euros menos, por el descenso de la recaudación del IGIC y la desaceleración económica. En ese cuadro clínico enmarcó la retención de 171 millones de euros para destinar al capítulo 1 (gastos de personal) de Sanidad y Educación. “Lo habríamos destinado a la renta ciudadana, a dependencia, becas y, en general, a los servicios básicos esenciales”. No obstante, el mandatario aseguró que se habilitarán los mecanismos precisos para que se cumpla el “contrato”. Marrero reseñó que los 26 años de Coalición Canaria se han caracterizado por su “mala planificación”, “ocurrencias”, “desgate del territorio” y “gobernar casi en exclusiva para las mayorías poderosas”. Frente a la pesadumbre, confía en que se corrijan los presupuestos para encarrilar renta básica y enderezar la dependencia o las listas de espera sanitarias. “La ciudadanía está ansiosa y no vamos a defraudar”, apostilló Marrero.
Previamente, Australia Navarro (PP) recriminó a Torres su “resignación” y “conformismo” con el resultado de las reuniones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Fomento, José Luis Ábalos, en torno a la transferencia de las entregas a cuentas de la financiación autonómica de 2019, las liquidaciones pendientes antes de finalizar el año y la deuda del convenio de carreteras. “Antes de que acabe el año no llegarán a Canarias los 223 millones de ese anticipo”, pronosticó la presidenta regional del Partido Popular. “La ministra lleva mareando la perdiz desde el inicio del año para escaquearse del pago a las comunidades autónomas. Esos 223 millones de euros que el Gobierno de España debe a los canarios están secuestrados”. Torres respondió con ironía: “Esperaba que usted me felicitara”. Y reiteró el argumento de que un Gobierno en funciones no puede transferir las entregas a cuenta: “Si tanto les preocupa el interés de los canarios, faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Absténganse”. A su lado, el vicepresidente, Román Rodríguez, soltó una carcajada discreta. El dirigente socialista hipotecó su palabra: “Las garantías son absolutas. Es probable que la comunicación llegue este mes”.
A José Miguel Barragán, el jefe del Legislativo, Gustavo Matos, lo presentó como el portavoz del grupo Popular Nacionalista Canario. Después rectificó. Fue un lapsus linguae. El representante de CC-PNC acusó a Montero de inventarse un informe de los servicios jurídicos: “Le han toreado, vacilado. Le han dicho lo mismo, pero con un tono más cordial. Puro humo. No van a llegar a tiempo. No han demostrado estar a la altura de la defensa de Canarias. Más prudente ha sido su vicepresidente”. Torres reprochó a Barragán la falta de “autocrítica” de CC.
Dos de las preguntas versaban sobre la emergencia climática: Nira Fierro (PSOE) y Luis Campos (NC). Torres apeló a la unidad para sacar adelante en 2020 una ley “bandera”.
Casimiro Curbelo (ASG) abrió fuego con los incendios forestales y calentó el ambiente para la comparecencia de Torres al término de la ronda.
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