santa cruz

El juzgado anula la adjudicación del estudio sobre Memoria Histórica de la capital

La segunda empresa que aspiraba a hacer el informe denunció y ahora habrá que indemnizarla o repetir la licitación si así lo pidiera
Pintura sobre el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. / FOTO: Sergio Méndez
Pintura sobre el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. / FOTO: Sergio Méndez
Pintura sobre el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. / FOTO: Sergio Méndez

Más de 5.000 páginas en las que se analiza de forma profunda y detallada cada uno de los incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica en Santa Cruz. Ese es el resultado del informe encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz mediante un proceso negociado sin publicidad que ya ha sido entregado al Ayuntamiento y en el que participaron dos empresas. El Organismo Autónomo de Cultura fue el encargado de llevar a cabo este proceso administrativo que concluyó adjudicando a Isabel Navarro, catedrática de Historia del Arte de La Laguna, la realización del mismo. Esta decisión ha sido anulada por el Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz, al que recurrió la segunda empresa en liza al considerar que la adjudicación no se ajustaba a los propios pliegos aprobados por el área de Cultura.

Así lo explicó a DIARIO DE AVISOS la primera teniente de alcaldesa, concejal de Cultura y de Patrimonio Histórico, Matilde Zambudio. “Hay una sentencia en la que en el contencioso administrativo se le da la razón a la empresa que impugna el concurso”. La edil avanza que la resolución ya es firme puesto que el Ayuntamiento no la va a recurrir, “no hay argumentos para hacerlo porque no se puede defender lo que se hizo con esa adjudicación”.

Y es que los fundamentos en los que se apoya el juez para dar la razón a la recurrente son contundentes. En uno de los párrafos de la sentencia puede leerse: “En el caso que nos ocupa, el pliego de clausulas administrativas particulares apreció el procedimiento negociado sin publicidad, estableciéndose en esta negociación la oferta económica con 60 puntos y la reducción del plazo de entrega, respecto del establecido, como criterios principales para la adjudicación. La oferta económica más ventajosa es la presentada por la recurrente al ofertar el precio de licitación de 47.158 y un periodo de 5 meses y 20 días, frente a los 56.074 de euros y sin reducción del plazo de entrega (1 año) propuesto por la adjudicataria”.

Continúa el fallo señalando que “el resto de criterios tomados en consideración por la Comisión son totalmente arbitrarios y caprichosos porque a parte de no indicarse las razones por las cuáles el proyecto de la adjudicataria se aproxima más a las condiciones del pliego, no se han establecido previamente en las consideraciones del pliego”.

Añade que iguales consideraciones deben hacerse con respecto a los perfiles de los equipos propuestos, puesto que no se explica por qué los de las adjudicatarias se ajustan más que los de la recurrente. “En definitiva, los únicos criterios sobre los que cabía negociar eran el precio y los plazos de entrega y no otros aspectos inventados por la comisión por lo que procede a la estimación en su totalidad del recurso”, concluye el juez. Las consecuencias de esta decisión aún son desconocidas para el Ayuntamiento que ahora espera a que la empresa perjudicada presente la correspondiente demanda ejecutiva para saber qué es lo que va a solicitar. Los servicios jurídicos están estudiando los dos escenarios posibles. El primero es la indemnización, que parece la opción más lógica ya que el estudio ya ha sido entregado. En este caso el Ayuntamiento tendrá que pagar entre el 7% y el 10% del monto total del concurso, que ascendía a unos 56.000 euros más el IGIC.

El otro escenario, más remoto pero posible, es que la empresa decida solicitar la repetición del concurso, con lo que las actuaciones se tendrían que retrotraer al momento antes de la adjudicación, y, por tanto, repetir el estudio.

Un negociado sin publicidad que se adjudicó en julio de 2018

Fue en julio del año pasado cuando el entonces presidente del Organismo Autónomo de Cultura, José Carlos Acha, anunció el encargo del estudio de investigación del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la justificación de su aplicación, como paso previo a la reconstrucción documental de los procesos de depuración y represión. Así lo anunciaba en rueda de prensa junto a la adjudicataria, sin dar más detalles de cómo se había desarrollado el proceso de adjudicación. Los pliegos publicados en el perfil del contratante municipal, tal y como señaló el juez, recogen que el principal criterio de adjudicación sería el del precio.

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