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La quiebra de constructoras deja a medias varias obras públicas en el Sur

El depósito de agua de Igueste, en Candelaria, y el centro comarcal de empleo, en Gúímar, dos ejemplos de cómo las adjudicaciones terminan siendo un fiasco
Del centro de empleo de Güímar apenas se ha construido el 2,5% del proyecto y dejando un talud peligroso./ NORCHI

En muchos casos, lo más habituales, el retraso suele ser la nota predominante en las obras públicas, pero lo que está sorprendiendo en los últimos meses, ya no es el retraso, sino la parálisis de las obras públicas por la quiebra o suspensión de pagos de las empresas adjudicatarias de las mismas.

En el Valle de Güímar, por no irnos más lejos, se han dado dos ejemplos claros de adjudicaciones fallidas, una contratada por el Ayuntamiento de Candelaria y otra por el Gobierno de Canarias en Güímar.

En el primer caso, el Ayuntamiento de Candelaria adjudicó hace dos años la construcción del depósito de agua potable y red de abastecimiento en Igueste a la empresa Oproler Obras y Proyectos S.L por un importe de 1.247.702,33 euros, en un proceso de licitación al que se presentaron 12 empresas.

El depósito se comenzó a construir en dos parcelas adquiridas por el Ayuntamiento en la Calle La Cuestita, en la zona alta de Igueste y que permitirá renovar la red de distribución en las calles La Morrita y Reverendo Padre Simón Higuera, necesaria por el mal estado y diámetro insuficiente de la tubería. El plazo de ejecución fijado por la adjudicataria fue de nueve meses, cuatro semanas por debajo del plazo fijado y debería estar terminado en abril de 2019. Sin embargo, la empresa, en concurso de acreedores, dejó la obra al menos del 60% de su construcción y el Ayuntamiento anuncia la rescisión del contrato, tras ejecutar el aval y volver a licitarlo, mientras se asegura la obra para evitar riesgos para los vecinos.

En Güímar es aún más grave. el Gobierno de Canarias tendrá que volver a licitar la oficina de empleo en un solar de 550 metros cuadrados que el Ayuntamiento le cedió en la trasera de los Juzgados. Las obras, con un presupuesto de 2,8 millones de euros, estaban previsto que se iniciaran en noviembre de 2017 y terminaran diez meses después, sin embargo la constructora apenas ha hecho en dos años el 2,56% del proyecto, apenas el desmonte, suspendiendo los trabajos. Según señaló el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, en una visita a Güímar, la nueva licitación se realizará en diciembre y en enero se reiniciarán las obras.

El alcalde, Airam Puerta, mostró su sorpresa porque “esta empresa aluda a la quiebra y pueda estar ejecutando otras obras públicas”, aludiendo a la práctica habitual de alguna de ellas en “exponer causas imprevistas para modificar las condiciones que se dieron en el contrato y ganar con ello lo que han perdido en la licitación por baja temeraria” comentó Puerta, que anunció que mientras tanto se reforzará el talud dejado por las excavaciones para que no afecte al edificio de los Juzgados.

Parado el radar meteorológico

Este año estaba previsto que entrara en funcionamiento el radar meteorológico de la Aemet en el macizo de Teno,  concretamente en el pico Cruz de Gala (1.343 metros) en el linde entre Santiago del Teide y Buenavista del Norte. Sin embargo la pequeña obra civil -el radar va situado sobre una torreta forestal- no está terminada tras quebrar la empresa constructora, cuando los trabajos, según Jesús Agüera, delegado de la Aemet en Canarias, “no tenían gran dificultad por tratarse de un lugar con una pequeña pista y cometidas eléctricas, dado que allí están situadas torretas de comunicación y televisión”, señaló extrañado, recordando que el radar ya está construido y que solio falta esa obra civil que puede estar terminada en tres o cuatro meses. El radar tiene un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Óscar Izquierdo, presidente de la patronal de la construcción / DA

Datos negativos de la construcción

Y a esto, Óscar Izquierdo, presidente de Fepeco y vecino güimarero, anuncia en que “los datos negativos de la construcción comenzaron en julio de este año y se han profundizado en agosto y septiembre. Se vuelve a perder empleo de manera significativa y el consumo de cemento tiene una pérdida del -24%, el hormigón del -20% y los áridos alrededor del -17%. Tenerife se encuentra estancada”.

“El sector se está paralizando en la Isla debido a múltiples factores. Por un lado, condicionado por la situación política, que, aparte de limitar la confianza de los inversores, afecta negativamente a la obra pública y, por otro lado, el mercado inmobiliario, que está comenzando a mandar señales de un posible estancamiento. Desde Fepeco venimos diciendo desde principios de año, que estamos observando síntomas preocupantes de enfriamiento de la actividad de la construcción en nuestra provincia. Fue a partir del año 2.014 cuando empezamos una lenta recuperación, moderada, pero constante en el tiempo, que ha propiciado una mayor actividad constructiva”, apunta Izquierda, que recuerda que “la venta de viviendas ha disminuido en Canarias un 41,2%, en una tónica generalizada en todo el país. Tenerife se encuentra parada, estancada e inmovilizada no solo viariamente, sino económicamente, y la preocupación aumenta por la crisis en el turismo y las posibles repercusiones que pueda tener en las obras de rehabilitación hotelera, que son un nicho importante de actividad”. A esto habría que sumar el estancamiento en la obra pública, por falta de proyectos, que va a dilatar en el tiempo el inicio de las obras. No hay una política de vivienda que de respuesta a la acuciante demanda existente, en el sur de Tenerife y en la zona metropolitana, se vive una alarmante emergencia habitacional.  A esto tenemos que añadir el colapso y deterioro de las oficinas técnicas municipales y gerencias de Urbanismo en la mayoría de los ayuntamientos, que sencilla y lamentablemente no funcionan, las licencias se eternizan, no hay eficacia ni gestión rápida, sino un muro burocrático insalvable, que hace que las inversiones se vayan de Canarias. La Ley del Suelo, que parecía un instrumento adecuado se ha quedado a la puerta de los ayuntamientos”, finaliza.

 

 

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