Aunque el edificio de aparcamientos ya no está, y en su espacio ya se proyectan posibles usos de cara al futuro, y los condenados por el conocido como caso mamotreto ya están cumpliendo condena, lo cierto es que, judicialmente, sigue teniendo flecos que cerrar.
Concretamente en lo que se refiere a la responsabilidad civil de los condenados, los mismos que, además de cumplir las correspondientes penas de prisión, debían pagar, a partes iguales, el coste del derribo. Ayer se conoció que en relación con este punto, los condenados (los exediles de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, así como los técnicos Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez), se han dirigido al Juzgado de lo Penal número 5, encargado de la ejecución de la sentencia, para solicitar rebajar el importe de ese pago, en este caso, al Ayuntamiento de Santa Cruz. Según argumenta, el coste de la demolición es inferior a la cifra, por la que se adjudicó el contrato, que fue de 396.260 euros.
Concretamente señalan que a ese importe se le debe restar 95.000 euros por mejoras no efectuadas, otros 4.000 por defectos de ejecución y 40.000 más por una partida no abonada a la empresa adjudicataria, debido a un reparo de intervención. A esto habría que sumar otros 94.740 por las mejoras ofrecidas por la empresa que reducían la base de la licitación. Según la información recogida por la Cadena Ser, esto supondría que el importe total quedaría reducido en torno a los 160.000 euros. Teniendo en cuenta que la responsabilidad civil se divide por igual entre los seis condenados y que ya aportaron una cantidad en concepto de fianza, la cifra a pagar por cada uno de ellos se reduciría a poco más de 20.000 euros.
El juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz condenó en su día al exconcejal de CC, Manuel Parejo, a tres años de cárcel y 15 de inhabilitación especial, la misma pena que recayó sobre la arquitecta Loreto Ariz. Por su parte, Norberto Plasencia fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión y 15 de inhabilitación especial, mientras que el exedil José Domínguez Pastor fue condenado a 18 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación especial.
La pena para el técnico municipal Epifanio Gómez fue de 18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación, a los que se suman 12 meses de prisión y ocho de inhabilitación para la abogada del Consistorio Candelaria Benítez.
Todos fueron considerados responsables de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, con la excepción de los dos últimos, a los que se consideró cooperadores necesarios, y tendrán que pagar de su bolsillo el derribo del edificio de aparcamientos de la playa.
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