La Palma

Viviendas Breñamar o cómo se frusta el sueño de toda una urbanización

El complejo residencial, dividido entre vecinos a favor y en contra de abandonar sus casas para ejecutar las obras de rehabilitación, espera por la decisión del Ayuntamiento

Desperfectos en la fachada de uno de los bloques. DA
Desperfectos en la fachada de uno de los bloques. DA

En el año 2002, las viviendas de la urbanización Breñamar, que habían sido utilizadas en el pasado por los militares que trabajaban en el acuartelamiento El Fuerte (Breña Baja) y vendidas a la mayor parte de ellos por un reducido precio, se descalificaron, anulándose todas las limitaciones a las que estaban sujetas para la libre compra y venta.

Fueron varias las familias que decidieron, entonces, adquirir esos domicilios. Quizá con la aspiración de poseer una residencia cerca del mar, donde poder respirar el ambiente costero. Difícilmente hubieran podido predecir qué ocurriría años más tarde. Lo que parecía un sueño cumplido, se convirtió en una verdadera pesadilla. Comenzaron a detectar fallos en la estructura de la edificación, obligando a todo el vecindario a tomar cartas en el asunto por las consecuencias que podía acarrear para su seguridad.

Estudiaron diferentes posibilidades y procedieron a contratar a una arquitecta, que les redactó el proyecto de restauración y rehabilitación, cifrado en algo más de 600.000 euros. Se movilizaron y recurrieron a todos los organismos a su alcance, intentando reunir el mayor número de apoyos para afrontar el coste de la obra. Y este 2019, lograron que el Instituto Canario de la Vivienda les concediera una subvención de 222.000 euros, la mayor otorgada a una urbanización privada para actuaciones de esta tipología.

Sin embargo, lejos de encontrar una solución a sus problemas, aun habiendo pedido préstamos personales para abonar la derrama correspondiente, les esperaba una sorpresa más. Al iniciarse las actuaciones, la constructora detectó más fallos de los que se habían podido evaluar inicialmente. De forma automática, la empresa paralizó los trabajos, a la espera de que el Ayuntamiento determinara si era necesario desalojar las viviendas ubicadas en la parte posterior del complejo para garantizar la integridad de sus propietarios.

Borja Pérez, alcalde de Breña Baja, afirma que hay dos posiciones encontradas, pues una parte de los vecinos no querría desalojar sus hogares. Otra, por el contrario, sí estaría convencida de la necesidad de hacerlo. El consistorio ha dado 15 días a los titulares de las viviendas para presentar sus alegaciones ante el posible desalojo, que sumiría a algunas de las familias que habitan la urbanización en un gasto mayor, dado que tendrían que buscar un lugar donde vivir mientras se ejecutan las obras. En este sentido, el alcade deja claro que “hemos decidido actuar de manera seria”, por lo que se emplearía un criterio técnico para tomar la decisión, pero escuchando a ambas partes.