El 61% de los administradores de fincas asegura haber sufrido casos de ocupación ilegal y uno de cada tres (31%) admite haber tenido conflictos en la comunidad con las viviendas de uso turístico. Así se desprende del informe Ocupación ilegal y viviendas de uso turístico, elaborado por la aseguradora Mutua de Propietarios con la colaboración del Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), que ha analizado los problemas más graves que afectan a sus colegiados a la hora de gestionar fincas.
De acuerdo con el informe, los ruidos (76%) y la falta de respeto a las normas de convivencia (66%) son los dos principales elementos de queja que tienen los propietarios sobre estos inmuebles de uso turístico. Suciedad, inseguridad y actos vandálicos les siguen también como elementos negativos de la presencia de este tipo de viviendas en las comunidades. Por estos motivos, un 72% de los propietarios de las comunidades de propietarios manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de que se destinen bloques del edificio a uso turístico, según los administradores de fincas colegiados.
Los propietarios de los habitáculos turísticos lo tienen claro: el 84% considera que es mucho o bastante más rentable que el alquiler tradicional. Además, sus defensores destacan la seguridad del cobro de estos arrendamientos frente a los tradicionales. En concreto, un 75% los consideran mucho o bastante más seguros.
“Es un hecho que los propietarios prefieren el alquiler turístico, no solo por ser más rentable, sino por ser más seguro, al no verse expuesto el arrendador al drama de los impagos que se producen en viviendas de uso residencial, destinadas al alquiler y a las cargas inherentes a cualquier reclamación judicial en esta materia -plazos y costes, fundamentalmente”, asegura Salvador Díez, presidente del CGCAFE.
El informe de Mutua de Propietarios desvela que seis de cada 10 consultados aseguran haber tenido casos de ocupación ilegal en las fincas que administran.
Sobre las medidas para evitar esta práctica, nueve de cada 10 administradores de fincas colegiados consultados consideran que la “agilización procesal” sería una medida eficaz para evitar la ocupación ilegal, seguida de los “servicios policiales” y la “colaboración municipal”, con un 60% y un 44%, respectivamente. “En necesario buscar soluciones al problema directo de la ocupación para que el desalojo se produzca de forma rápida y eficaz, lo que contribuiría a la disminución de la ocupación ilegal de viviendas”.
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