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Embargan la sede de Educación como garantía por el caso Las Teresitas

La Audiencia Provincial ha admitido la petición del Ayuntamiento de Santa Cruz para embargar dos inmuebles de Antonio Plasencia.

La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández (PSOE), anunció ayer que el juzgado ha admitido la petición de embargo presentada por el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre dos edificios de uno de los condenados por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia, al “demostrar” que tanto el edificio que alberga la sede de la Consejería de Educación, como el que se levanta en Cabo Llanos y que intentó comprar el Cabildo (gobernado entonces por CC) para darle un uso sociosanitario, en realidad pertenecen a Inversiones Las Teresitas (ILT), empresa condenada por el caso Las Teresitas.

La alcaldesa detalló que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha admitido la incidencia de embargo presentada por el Consistorio que, aseguró Hernández, supone aceptar las pruebas presentadas por el Ayuntamiento que demuestran que estos inmuebles pertenecen a la misma persona, aunque aparezcan sociedades distintas como titulares de los mismos.

Según se recoge en el auto judicial, se procede a la adopción frente a Carlacand S.L. “de medida cautelar de embargo preventivo de las fincas registrales número 23.718 (Registro de la Propiedad nº 3 de Santa Cruz de Tenerife) y 13.677 (Registro de la Propiedad nº 3 de Santa Cruz de Tenerife)…”. Esto supone, según Hernández, que “hemos demostrado, a falta de lo que digan los juzgados, puesto que la empresa puede presentar alegaciones, que Carlacand, propietario de esos dos edificios, es lo mismo que Punta Larga y que Punta Larga es Inversiones Las Teresitas”, detalló la alcaldesa que compareció en una convocatoria de urgencia en la mañana de ayer.

Patricia Hernández afirmó que con esta resolución judicial han demostrado que “hay un entramado societario que pretende esconder los bienes de los condenados por Las Teresitas, los mismos que durante años han tomado el pelo a la justicia y a los ciudadanos, intentando no pagar una deuda que tienen con los chicharreros”. La regidora añadió que “mientras los condenados movían el dinero de un sitio a otro, el Ayuntamiento (que cogobernaban CC y PP) miraba para otro lado”. “Por tanto -continuó Hernández- a partir de ahora no se inyectará dinero procedente de esos edificios en las cuentas de un condenado o de una trama societaria”. Además, recordó que “el Gobierno de Canarias paga 300.000 euros al mes por el alquiler de la Consejería de Educación y ese dinero ahora va a ir al juzgado”. Según los cálculos del Ayuntamiento, el valor de este último edificio está en torno a los 40 millones, mientras que el de Cabo Llanos ronda los 30.

La alcaldesa comenzó su intervención señalando que “cuando llegamos al Consistorio en las cuentas municipales solo había 100 euros procedentes de los condenados por Las Teresitas. A día de hoy son dos los millones ingresados, pero la deuda que tienen con los chicharreros, sumando intereses, es ya de 97 millones de euros”. “Vamos a cobrar eso, pueden tenerlo por seguro”, añadió Patricia Hernández, quien advirtió que no van a dudar en ir por la vía penal si no pagan. “Estamos hablando de alzamiento de bienes”, señaló. Según detalló, están analizando negocios jurídicos que pueden ser constitutivos de delitos por parte de los condenados. “No solo miramos el entramado societario, sino cómo han movido bienes de un sitio a otro, de una empresa a otra. En nuestra opinión, esos movimientos son constitutivos de delito, pero debe ser un juzgado el que lo determine. Lo que sí tenemos claro es que, si no ingresan el dinero que deben a los ciudadanos de Santa Cruz, pasaremos de las acciones civiles a las penales, y será pronto”, insistió la alcaldesa.

Mandato pasado

La socialista Patricia Hernández acusó de cinismo a CC al pedir, esta misma semana, explicaciones al Gobierno de Canarias por presupuestar la compra de un edificio de Antonio Plasencia (la sede de Educación). “El colmo del cinismo es que la formación política que dirigía este Ayuntamiento y el Cabildo de Tenerife hable ahora del edificio de Plasencia, refiriéndose a Carlacand, cuando los grupos que sostienen a este gobierno hemos dicho toda la vida que son de Plasencia, mientras ellos lo negaban, y lo que es peor aún, sin reclamarlo en los juzgados”, concluyó.

Ayer CC salió al paso de estas afirmaciones a través de su presidente y exalcalde, José Manuel Bermúdez, quien reiteró que “desde 2011, año en el que accedí a la Alcaldía, el Ayuntamiento mantuvo inalterada su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas”. Bermúdez acusó a la alcaldesa de querer apropiarse de las acciones que se iniciaron en el mandato en el que él era alcalde, cuando, aseguró, dictó varias instrucciones para que la asesoría jurídica emprendiera cuántas acciones fueran necesarias para recuperar el dinero.

El exalcalde añadió que, en cuanto a la “supuesta novedad” contra la posible venta de un inmueble de uno de los condenados, “ya en enero de este mismo año, el Ayuntamiento dio instrucciones para que informaran al juzgado sobre la venta millonaria de un edificio por parte de uno de los condenados”. Desde CC aportaron un auto del juzgado Número 5 de lo penal, fechado en abril, en el que se recoge cómo, una vez que las sentencias se hicieron firmes, el mismo juzgado dictó que se iniciaran todos los despachos oportunos para obtener información patrimonial actualizada.

Desde el PP, socio de gobierno de CC en el anterior mandato, también se criticó ayer la “apropiación” de unos hechos que, sostuvo su portavoz, Guillermo Díaz-Guerra, son motivo de alegría. “Nos alegra tener conocimiento de este auto de la Audiencia, que respalda las actuaciones llevadas a cabo por el anterior grupo de gobierno”, afirmó el concejal del PP.

Desde Unidas Podemos, su portavoz, Ramón Trujillo, comentó en redes sociales, al hilo de la noticia avanzada por Hernández, que: “Cuando CC pierde el gobierno, Santa Cruz gana”.

Informe de la agencia tributaria

El Ayuntamiento, según el auto de la Audiencia, logra convencer al juez de que ha habido transferencias entre ILT y Promotora Punta Larga por valor de 51,7 millones, lo que lleva a la Audiencia a pedir un informe a la Agencia Tributaria para conocer el alcance de esas transferencias. En cuanto a Carlacand, la documentación aportada por el Consistorio demuestra que está participada por Promotora Punta Larga y que, utilizando la vía de los préstamos no retribuidos entre sociedades, ILT primero y Punta Larga después, transfirieron a Carlacand, entre otras sociedades, parte del montante de la venta del frente de la playa de Las Teresitas. Esto hace que la Audiencia pida ampliar el análisis que haga la Agencia Tributaria a la relación entre Carlacand y Promotora Punta Larga, dando así validez al argumento municipal de que existe una trama societaria para evitar el pago de la deuda.

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