Sacarse una oposición sigue siendo, a día de hoy, una de las maneras más asequibles de llevar una vida laboral digna en Canarias: estabilidad laboral con un alto grado de protección sindical, sueldos buenos en los niveles altos -y razonables en los niveles bajos-, un mes de vacaciones, seis días de asuntos propios, una cierta flexibilidad horaria para conciliar el trabajo con las necesidades domésticas. Y, sobre todo, el manejo del tiempo. Una vez se acaba la jornada, uno puede desconectar y dedicarse a otra cosa. El próximo fin de semana, 13.833 personas inscritas podrán examinarse del primer ejercicio de las oposiciones a administrativo y auxiliar de la Comunidad Autónoma, que se van a celebrar en Tenerife y Gran Canaria. 7.863 aspirantes para administrativos, que están citados el sábado en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna y en el Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y 5.970 personas para los auxiliares administrativos el domingo, en el mismo lugar. Pero solo hay 116 plazas, 64 para los primeros y 52 para los otros. Quien apruebe la fase de examen, que tendrá una segunda prueba de desarrollo, pasará a la fase de valoración de méritos.
Será la segunda vez que Marcos, diplomado en Relaciones Laborales, se presente a la oposición de auxiliar. La primera fue en mayo de 2008, pero la crisis cortó en seco las convocatorias, llenando la Administración de interinos. Como él, que accedió hace un par de años a su actual puesto desde la lista de reserva. “Donde yo trabajo, los interinos somos más de la mitad”, afirma. Según la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la media de interinos es “algo superior a un tercio del total, pero varía en función de los distintos ámbitos: personal docente, sanitario, de justicia o personal de la Administración general”.
El Gobierno regional ha defendido la necesidad de reducir las tasas de interinidad. Y candidatos no le faltan: “Las condiciones que se encuentra uno en la Administración son difícilmente igualables en el sector privado”, explica Marcos. “No tanto en cuestión de sueldos, que, en las escalas inferiores, no es demasiado alto, pero sí en todo lo demás, y eso es un incentivo para opositar. Yo siempre estuve en el sector privado, y nunca tuve estas condiciones”, relata. Un administrativo sin hijos cobra unos 1.330 euros netos al mes. Un auxiliar sin hijos cobra unos 1.120 euros netos.
Marcos sabe perfectamente que tiene por delante una tarea bien complicada: “Hay que ser realista. Con la cantidad de gente que hay para tan pocas plazas, las posibilidades son escasas. Pero uno lo vive con ilusión, porque se pasa mucho tiempo estudiando, La cosa es no venirse demasiado arriba”. De interino, ya tiene un pie dentro, es un privilegiado en una Comunidad Autónoma con un 21,2% de paro según la EPA del tercer trimestre . Aunque él sea diplomado y la oposición de administrativo y auxiliar administrativo solo exija tener el graduado escolar o la ESO, va camino del trabajo seguro.
Para que Marcos se siente delante del papel con sus nervios, su DNI, su lápiz, su goma y su botella de agua -porque nada más está permitido-, han pasado un montón de cosas desde que terminó la inscripción a esta oposición, en mayo de 2018. Primero, un retraso importante. “Me parece terrible”, explica Laura Martín, directora general de la Función Pública tras el cambio de Gobierno regional. Ella lo achaca a un cierto clasismo por el que las oposiciones de escala superior han transcurrido con más fluidez que las de los administrativos. “Y los funcionarios de nivel superior son importantes, pero también los auxiliares y administrativos, que ejecutan una parte muy importante del trabajo”, afirma.
Y luego ha pasado todo lo demás: el trabajo para poner en marcha un complejo dispositivo para examinar a miles de personas al mismo tiempo. “Son oposiciones masivas y paralelas, con las mismas normas e instrucciones,, con un único tribunal, un único criterio, con detalles que parecen insignificantes, como que el reloj de las aulas no haga ruido o que el calzado de los colaboradores que están en el examen no moleste”.
Además de los miembros del tribunal, que serán funcionarios de nivel 1 de la Administración autonómica e irán con chaleco negro, en el examen del sábado habrá 162 colaboradores en la provincia de Las Palmas y 228 en la de Santa Cruz de Tenerife. El domingo serán 228 y 234. Se distribuyen en función de la cantidad de inscritos que hay en cada provincia, y son también personal funcionario de la comunidad autónoma que se ha prestado voluntario después de una llamada de la Administración a través de un correo general. Cobrarán 100 euros. Y también tendrán su chaleco distintivo.
“Chaleco rojo significa coordinador de aula, el verde es el coordinador del edificio, y luego está el azul, que son los que están en la base del dispositivo”, explica Martín. “Ante cualquier incidencia, el azul le pregunta al verde, el verde le pregunta al rojo, y el rojo es el único que puede llevar un móvil encendido en modo vibración en su bolsillo para comunicarse con el tribunal. Es casi como un ejército”. Los colaboradores son asignados en función de su experiencia en procesos anteriores de oposición. Los que no la tienen, reciben un entrenamiento. Tienen que estar allí desde las siete de la mañana, aunque el llamamiento a los alumnos no empieza hasta las diez y las puertas no se abren hasta las 9.30.
Otro punto crucial es el examen: “Es el tribunal quien lo prepara”, explica Martín. “Formalmente, solo hay dos para el examen, pero luego hay un tercero para aquellas personas que no puedan hacerlo por una causa de fuerza mayor, como dar a luz o el fallecimiento de un familiar”, relata. “El tribunal nos lo manda en un sobre cerrado y nosotros se lo enviamos a una empresa que hace las fotocopias y certifica que ellos lo han recibido cerrado. Luego, la empresa nos entrega las fotocopias selladas, en paquetes numerados. Cada examen lleva también su número”.
A Martín le preocupa que los inscritos tengan clara una cosa: en las pruebas del fin de semana, que serán tipo test, los alumnos verán cinco opciones para contestar, pero solo podrán rellenar tres: A, B o C. La D y E son meramente decorativas, no hay que rellenarlas, están ahí porque no pueden elaborar una plantilla de corrección para cada examen. “El aparato que corrige lee cinco casillas, no tres. No podemos comprar un aparato para cada prueba”.
Y luego están las anécdotas, como que los colaboradores van aprovisionados de lápices, gomas, aguas, abanicos, kleenex…. “Uno puede pensar: ‘Son adultos, deberían tener todas esas cosas en la cabeza’. Pero la realidad es que están nerviosos”, afirma Martín. “Yo una vez vi a una chica que dejó su coche junto a una rotonda y salió corriendo porque llegaba tarde. El Guardia Civil, en vez de multarla, le aparcó el coche. La gente se está jugando mucho”.
Como Marcos, que lleva años con la Constitución, el Estatuto y la ley de procedimiento administrativo a cuestas. Si tiene éxito, nadie podrá echarlo a los 50 a la calle como si fuera un trasto viejo.
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