El desahucio de una vecina de 54 años de San Isidro, en Granadilla de Abona, con cáncer terminal y dependencia reconocida de grado 2, ha quedado suspendido por tercera vez tras la intervención del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y los Servicios Sociales del Ayuntamiento. El lanzamiento estaba fijado dentro de un procedimiento por impago de alquiler.
Según confirmó el propio Icavi en un comunicado, sus trabajadoras sociales tuvieron conocimiento de la situación y, tras recibir el informe de vulnerabilidad elaborado por el Ayuntamiento, remitieron un oficio al juzgado solicitando la paralización temporal del lanzamiento. El organismo precisó que se trata de un procedimiento judicial entre partes privadas en el que la Administración no interviene directamente, si bien las competencias autonómicas en materia de vivienda obligan a dar respuesta ante una emergencia habitacional sobrevenida.
La directora del Icavi, Pino de León, señaló que, lograda la suspensión por orden judicial, el organismo continuará trabajando con la unidad familiar para alcanzar una solución habitacional “lo antes posible”.
La mujer, identificada por el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, se encuentra actualmente en tratamiento de quimioterapia, depende de ayudas públicas como única fuente de ingresos, no dispone de nómina ni contrato laboral, y cuenta con el apoyo de un cuidador. Según el sindicato, dejó de pagar el alquiler tras la pandemia por falta de recursos, a lo que se sumó un robo en el que perdió sus objetos de valor.
La protesta contras los desahucios convocada ayer por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reunió ayer a cerca de 300 personas frente a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en una concentración que obligó a cortar el tráfico en la calle Méndez Núñez. Los asistentes corearon consignas como Maricarmen somos todas, basta ya, ni un desahucio más y la vivienda se defiende, en referencia al viral desahucio de esta mujer de 87 años, que el pasado miércoles tuvo que abandonar en camilla la vivienda de Madrid en la que había residido durante 71 años.
La convocatoria, que transcurrió sin incidentes, reclamó además el derecho a la vivienda, que ningún desahucio se ejecute sin una alternativa habitacional garantizada y un incremento de la vivienda pública y los alquileres asequibles.
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