Son ocho años con un techo y unas paredes en las que refugiarse, un techo que no les pertenece, pero el único al que han tenido acceso mediante la ocupación. La mayoría carece de ingresos o cuentan con pensiones no contributivas, que no da para pagar un alquiler, comer y pagar los recibos. Son los vecinos del edificio Alejandro, en Nuevo Obrero, en Ofra, un inmueble donde se han ido produciendo desahucios desde hace tres años. Ayer, la decena de familias afectadas por un desahucio casi inmediato, fechado para el 9 de febrero, se reunieron con la concejal de Asuntos Sociales, Marta Arocha, quien les confirmó que no habrá lanzamientos en los próximos meses, concretamente hasta mayo. Al menos así se lo adelantó el fondo Gramina Homes, propietario de ocho de los diez pisos que tiene el edificio, después de que el Ayuntamiento hiciera público ayer un llamamiento para que contestaran a las llamadas de Santa Cruz para iniciar una negociación. “Por ahora no va a haber ningún lanzamiento según nos comentan desde Gramina Home. Lo que nos han comentado es que van a hablar con los propietarios para ver qué opciones que hay”. Y es que según le explicaron a Arocha, el fondo actúa como intermediario ante los dueños de los inmuebles, algo que no especificaron. “Tenemos que esperar a ver qué ofertas nos pueden hacer. La verdad es que no sabemos si están dispuestos a vender o a negociar un alquiler social, pero, al menos, se han puesto en contacto con nosotros después de meses de llamadas”, confirmó Arocha al término de la reunión.
Los vecinos respiraron un poco más tranquilo y salieron de la reunión con la consigna de reactivar la búsqueda de alquileres. “Vamos a poner a una trabajadora social solo para estos casos y se va a estudiar una por una la situación de las familias para darles la mejor solución posible”, detalló Arocha.
Dos de los afectados ya perdieron ese techo la semana pasada. Ni siquiera pudieron sacar sus pertenencias del interior ante la actuación judicial, una de esas personas aún tiene la urna con las cenizas de su madre dentro del piso. Todos admitieron vivir con el miedo de que le pase lo mismo que a sus dos vecinos. “Yo tengo todo recogido en bolsas por si acaso el fondo decide presentarse de nuevo”, explica uno de los afectados. Cuenta que la semana pasada también preguntaron por é. “Menos mal que la comisión judicial me escuchó cuando les dije que yo no tenía ningún aviso de ningún tipo, y comprobaron que era así”. A sus 64 años, con una discapacidad del 45% estás a la espera de que revisen sus discapacidad pero le han dicho que tardarán tres años. “Yo confiaba en poder cobrar un poco más para buscar un alquiler ya pero si van a tardar tres años…Hasta el año que viene no me puedo jubilar, entonces sí que podría tener más ingresos”, cuenta este vecino.
Otra de las afectadas lleva cuatro años viviendo en el edificio Alejandro. Con un hijo en la universidad y otro de 15, se enfrenta a la misma incertidumbre que el resto. Sin ingresos, solo los que les proporciona el Ayuntamiento a través de sus ayudas, y sin poder trabajar porque está enferma, pendiente de un diagnóstico que no acaba de llegar. Ella como el resto, confía que en estos meses se pueda hacer un trabajo que lleva ocho años de retraso.
Madre de un niño de 9 años, separada, sin ingresos y sin trabajo
Una de las vecinas afectadas es el mejor ejemplo de la precariedad que afecta a las familias del edificio Alejandro. A sus 44 años busca desesperadamente un trabajo, un sueldo que le permita sacar adelante a su hijo de nueve años y poder pagar un alquiler que la saque de la precariedad en la que se encuentra. Confiesa que los 300 euros que cobra fruto del trabajo realizado con un convenio de empleo social, se acaban mañana, 31 de enero. “En febrero ya no cobraré nada”, cuenta resignada. También habla de un mercado laboral que la rechaza por la edad que tiene, a pesar de que se adapta a cualquier tipo de trabajo. “He sido trabajadora social, me he formado para atender mayores, niños, trabajado en supermercado, en lo que sea…”, insiste. A estos se une, cuenta, que los alquileres están por las nubes. “El Ayuntamiento te da un alquiler social de unos 350 euros al mes, y el coste real es de 400 o 500 euros, se hace muy difícil encontrarlo”.
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