granadilla de abona

“Yo compré la casa por 2.000 euros”

Los okupas de un edificio de San Isidro solicitan ayudas de alquiler social para dejar las viviendas
Israel Ojel y Henry Goncalvez registraron ayer en el SAC la petición de amparo a los menores / SERGIO MÉNDEZ

A la espera de lo que pueda suceder el lunes, cuando regresen al edificio de la calle Venezuela, en San Isidro, los miembros de seguridad contratados por el empresario ruso que ha adquirido el inmueble, las 32 personas (22 adultos y 10 menores) que lo habitan registraron ayer una comunidad de vecinos para entrar y salir del edificio “sin ser coaccionados”, señala José María, el presidente de esa recién creada comunidad.

El empresario ruso que adquirió el edificio, de tres plantas, 15 viviendas y garaje, por solo 85.000 euros en una subasta de La Caixa, contrató a la empresa Máxima Seguridad para tratar de desalojar, sin orden judicial, a las 12 familias que lo habitan desde meses. Es más, ese empresario, ha ofrecido hasta 1.200 euros a cada okupa para que abandonen las casas donde residen de manera ilegal.

“Comenzaron ofreciendo 500, luego 1.000 y más tarde 1.200, igual vienen el lunes y ofrecen 3.000 euros, pero nosotros lo que queremos es que nos garanticen un alquiler social en cualquier otro sitio para que puedan marcharse de aquí, porque no pueden pagar 900 ó 1.000 euros por un alquiler en San Isidro”, comenta Israel Ojel, de la Plataforma por una Vivienda Digna Montaña Clara, quien insiste que “sí hay viviendas, lo que ocurre es que hay que rescatarlas, porque solo aquí en San Isidro, hay en torno a 25 edificios con okupas que están en mano de los bancos buitres”.

Interior de una de las viviendas del edificio ocupado / SERGIO MÉNDEZ

Henry Concalves, un venezolano que apenas lleva, junto a su esposa, seis meses en la Isla nos pone en situación de cómo funciona el mercado okupa. “Yo -afirma-compré esta casa por 2.000 euros y me estafaron los cogollos de la mafia, porque yo pensé que estaba todo legal y ahorita he invertido en ella todo el dinero que traje de Venezuela”, mientras nos enseña la vivienda, bien alicatada en blanco, con muebles casi de diseño y con una enorme televisión. “Aquí tenemos luz, que no pagamos, y el agua nos viene en cubas, que compramos a 15 euros cada 1.000 litros”, manifiesta Goncalves orgulloso de su vivienda.

Diego, otro vecino de origen sudamericano, también corrobora el modus operandi: “No tenía donde ir, y aunque mi esposa trabaja, no nos llega el dinero para un alquiler y comida, por lo que decidí pagar 600 euros por las llaves de una vivienda, hace ahora unos cinco meses”.
José María, el recién elegido presidente de la comunidad de vecinos, indica que “estamos todos unidos en esta lucha y vamos a seguir así por mucho que esos cuatro matones que nos han enviado para coaccionarnos regresen el lunes, ahora no tendrán derecho a entrar en las zonas comunes e impedir la entrada al edificio”, señaló.

Una de las okupas reconoció que ya están habitadas las 15 viviendas del edificio -se han sumado tres jóvenes sin familias, a las tres que estaban libres – aunque no quisieron aparecer en la foto porque “no tienen documentación” y tienen miedo que la Guardia Civil puedan expulsarlos del país. Otros tampoco querían mostrar en público su rostro, por “miedo a perder nuestros trabajos”.
“No queremos -prosigue- atrincherarnos, solo pedimos que se nos tengan en cuenta como personas, y que un juez pueda decidir el lanzamiento. Solo recibimos una carta en agosto de La Caixa avisando que el edificio se iba a vender, pero ningún abogado se ha puesto en contacto con nosotros ni hay ninguna orden judicial”.

El edificio cuenta con luz eléctrica, aunque no con agua potable / S.M.

Amparo de menores

También ayer, al mediodía, Israel Ojel, de Montaña Clara, y Henry Goncalves, acudieron al SAC (Servicio de Atención del Ciudadano), anexo al Ayuntamiento de Granadilla, para registrar la solicitud de amparo de menores a Servicios Sociales. “Vamos a ver si ahora, la concejala María de la O Gaspar se entera de lo que está sucediendo, porque esta situación la llevamos denunciado desde hace tiempo y Base 25 ya se lo ha trasladado al Ayuntamiento. Lo que ocurre es que la técnico social nos dice que no tienen derechos, cuando ella es la que nos echa para atrás los empadronamientos”, denuncia Israel Ojel, que el lunes visitará a los okupas acompañado del director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, Julio Concepción (Podemos), uno de los políticos más activos en el sur contra los desahucios.

María de la O Gaspar

María de la O Gaspar, edil de Granadilla, señaló que hasta ayer no tenía constancia oficial de la situación de los okupas y que en todo caso, “se trata de un desalojo privado” sin que orden judicial por medio.La edil señaló que si esos vecinos lo requieren actuarán los Servicios Sociales, pero siempre a través de una decisión del Gobierno de Canarias, “que tiene las competencias en vivienda”, remarcó. Recordó que “lo sorprendente es que se compre un edificio por 85.000 euros y el Gobierno de Canarias no lo pueda hacer, porque la solución pasa por comprar esos edificios a los bancos, porque se tardan dos o tres años en construir vivienda pública”.

 

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