Se trata de la zona con más carga social de Canarias. En sus límites se encuentra el Centro Municipal de Acogida, el conocido albergue de Santa Cruz, a lo que se suma un centro más de baja exigencia con una decena de plazas para personas sin hogar, y de llevarse a cabo la propuesta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, habría que sumar un módulo más destinado a las mujeres inmigrantes que llegan a las costas canarias, en la antigua prisión Tenerife I, en Los Gladiolos.
Este cúmulo de circunstancias ha llevado a los vecinos de la zona, encabezados por la Asociación de Vecinos de Azorín, a presentar una queja formal ante la Diputación del Común para expresar su rechazo a que su barrio siga soportando la carga asistencial, ya no solo de Santa Cruz, sino de toda la Isla y ahora también de las personas que llegan al Archipiélago.
El anuncio de Grande-Marlaska llevó a los vecinos de Azorín, pero también del resto de asociaciones, a movilizarse para que sea otro punto en la Isla el que acoja a estas personas. “Tanto desde nuestra asociación como del resto de entidades de la zona, incluso comunidades de vecinos (…), pedimos a nuestra alcaldesa, Patricia Hernández, y al resto de su equipo, que solicite ayuda de las demás administraciones para buscar alternativas con el resto de municipios y solventar esta situación”.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la regidora municipal se pronunció la semana pasada sobre el tema señalando que es una decisión aún no tomada, a pesar de que el ministro del Interior habló de inmediatez. En todo caso, dijo Hernández, no se hará nada sin antes consultar con el Consistorio y con las asociaciones de la zona. Para los vecinos estas palabras no son suficientes, por eso han recurrido de forma urgente a la Diputación del Común para expresar su malestar con un anuncio que, afirman, no ha tenido en cuenta la situación actual del barrio. Así, denuncian que han vuelto los colchones a las puertas del Pancho Camurria, y también, según cuentan los propios usuarios, que las camas extras colocadas en el albergue para paliar la situación de las personas sin hogar en invierno, dejarán de estar disponibles a final de mes.
Los vecinos rechazan las acusaciones de racismo que han recibido por su posición contraria a la apertura de este centro para mujeres inmigrantes. “Nadie tiene en cuenta la situación que ya estamos sufriendo en el barrio y abrir un nuevo recurso solo la empeoraría”, concluyen.
