El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue entrevistado ayer por Carlos Herrera en la COPE, donde admitió que, “si sigue este ritmo” de llegada de inmigrantes irregulares por vía marítima, se podrían alcanzar los 10.000 al cierre del presente año. Al ser preguntado por el repunte, respondió que, entre enero y febrero de 2020 han llegado más de 1.000 personas: “Si continúa esta tónica, se podría pasar de los más de 2.000 [de 2019] a más de 10.000 personas en el año en curso”. Ante este fenómeno, Torres expuso que “solo se puede resolver como en 2006 [cuando se contabilizaron 30.000] apartándolo del debate político y atajando la situación en origen, intentando que no salgan de África con inversiones y actuaciones diversas, porque hay gente que no se quiere marchar”. Una vez que se suben a una embarcación y se les rescatan o llegan a las costas canarias, recalcó, “hay que darles una solución”. Al respecto, precisó que “todos” (la Comisión Europea, el Gobierno central, el regional, los cabildos y los ayuntamientos) tienen competencias. Tras ser cobijados, explicó, hay dos fórmulas para afrontar la situación de estas personas: las “devoluciones”, que incidió que deben ser siempre en el marco de la legalidad, y la otra pasa, a su entender, porque se permita el flujo migratorio. De todos modos, admitió que “el problema no tiene fácil resolución”.
El secretario general del PSOE de Canarias comentó que abrir una mesa de negociación “siempre es bueno”, aunque matizó que lo “relevante” es que lo que salga esté dentro de la ley, que sea “constitucional”. En referencia a la reunión que, tras las exigencias del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a Pedro Sánchez, se ha retrasado del lunes al miércoles, Torres arguyó que los mismos canarios han tenido que celebrar mesas de negociación con los diferentes gobiernos centrales; entre otras cuestiones, “para conseguir sacar adelante el Estatuto de Autonomía”. De todos modos, resaltó que lo “relevante” es que lo que salga de esas mesas de negociación esté en el marco de la ley, ya que, lo que se salga de la Constitución, “no será razonable”.
Sobre si en Canarias aún permanecen semillas del separatismo, Torres dijo: “Sinceramente, creo que no. Ese fue un movimiento que se promovió en los años setenta, pero actualmente en Canarias no hay sentimiento independentista. Los ciudadanos se sienten españoles, además de canarios. Es verdad que, a veces, es difícil hacer entender en Península lo que implica Canarias, pero el canario se siente canario y español”.
En cuanto a sus peticiones al Gobierno de Pedro Sánchez, Torres detalló que ha solicitado la flexibilización de la regla de gasto y considera recomendable derogar la Ley de Estabilidad, puesto que “no tiene lógica” que se acabe un ejercicio con 500 o 600 millones de euros y no se pueda gastar ese dinero en servicios básicos esenciales al año siguiente. Por ello, le ha solicitado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que contribuya a buscar fórmulas, algo a lo que, apostilló el mandatario, se ha comprometido para encontrar alguna solución “en una comisión de trabajo en la que está también Canarias”.
A propósito de la devolución del impuesto del IVA, por lo que comunidades del PSOE están dispuestas a acudir a los tribunales, Torres recordó que en Canarias tiene “una afección menor”, porque en el Archipiélago está el IGIC, pero avisó de que reclamarán su cantidad.
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