Un juez compara el CIE de Gran Canaria con “las cárceles de la dictadura”

El Centro de Internamiento de Extranjeros, ubicado en Barranco Seco (Gran Canaria), sigue siendo, a pesar del año y medio en que estuvo cerrado por reformas, un recinto absolutamente inadecuado para cumplir con el mínimo exigible de las funciones previstas.

Así lo sostiene el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado Arcadio Díaz Tejera, quien, en un Auto fechado el pasado día 3, llega a comparar dichas instalaciones con “las cárceles de la dictadura”, además de describir numerosas irregularidades en el funcionamiento y dotación del mismo.

Todo ello ha forzado al citado magistrado, que fuera senador y diputado del Común, entre otras responsabilidades, a ordenar a “las autoridades administrativas responsables del CIE” a que “procedan, de manera urgente [en mayúsculas en el original] a establecer los medios para subsanar lo ya descrito en el presente Auto”, contra el que no cabe recurso.

Respecto a quiénes son esos “responsables administrativos”, el juez ordena que se dé traslado del Auto a “la Delegación del Gobierno, el Ministerio Fiscal y a los responsables de la Policía Nacional”, si bien, en última instancia, es el Ministerio del Interior el que tiene la última palabra sobre este tipo de centros.

En cuanto a las deficiencias detectadas, el magistrado adelanta que se informó gracias a dos visitas, realizadas el pasado 5 de diciembre y el 11 de enero, la segunda de las cuales “sin aviso previo y sin intérprete oficial, pues los fines de semana y festivos no hay intérprete en el centro”. “A pesar del millón y medio de euros empleado (…) en la remodelación del centro carcelario (sic) de Barranco Seco, no parece que haya habido una auténtica remodelación del mismo (…) dado que mantiene la misma estética, los olores y los ruidos de las cárceles de la dictadura”.

Así, y pesar de la reforma, “solo hay un comedor en funcionamiento, necesitándose cuatro turnos para que todos puedan comer”. Ello se debe a que siguen sin recibirse “las mesas y sillas antivandálicas (que no puedan moverse del suelo)”. Respecto a las comidas, el magistrado, “tras la ingesta correspondiente”, comprobó que “la dieta no era equilibrada para unos jóvenes con limitado espacio para el ejercicio de actividades deportivas, dado el exceso de hidratos de carbono y escasas proteínas”.

“El montacargas sigue sin funcionar, hay problemas con las puertas, hay techos que se caen por las filtraciones de agua de las duchas, no fueron previstas las comunicaciones telefónicas…”, detalla Díaz Tejera en su Auto.

Este juez, al que compete el control de este CIE, también denuncia que “con alguna excepción individual, no se realizan actividades formativas, culturales o de esparcimiento para hacer llevadera la estancia de unos 60 días a jóvenes que, con una media de dos años, no han cometido delito alguno, salvo luchar por la esperanza. Otra fuente de malos olores es que solo hay una secadora y no cuentan con cholas para la ducha.

Por último, pero probablemente lo más importante, es que “a excepción de la consulta con el abogado del turno de oficio que les asistió en la costa, los internos del CIE han estado desasistidos de todo asesoramiento jurídico durante su estancia”.

Problemas y denuncias que vienen de antiguo en este centro

Las carencias del CIE de Gran Canaria han sido una constante desde hace años, pero sorprende que, tras millón y medio gastados en su reforma, continúen, tal y como vuelve a reflejar el juzgado encargado de su control. Tanto la anterior responsable de dicho juzgado, Victoria Rosell (hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género), como el actual, Arcadio Díaz Tejera, han denunciado repetidamente tales deficiencias, como refleja el también exsenador en el Auto que ahora nos ocupa, y en el que se hace referencia a pronunciamientos anteriores sobre este respecto. Todo ello, en pleno repunte de pateras.