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Admiten a trámite una demanda de Matilde Zambudio contra Vidina Espino

La concejala santacrucera de Ciudadanos reclama 10.000 euros a su compañera en la formación naranja por presunta intromisión ilegítima en su honor al acusarla de participar en un “tamayazo”
Matilde Zambudio y Vidina Espino. DA
Matilde Zambudio y Vidina Espino. DA
Matilde Zambudio y Vidina Espino. DA

El Juzgado de Primera Instancia Número 9 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido a trámite una demanda presentada por la primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Matilde Zambudio, contra su compañera de filas en Ciudadanos, la diputada autonómica Vidina Espino.

En un decreto comunicado ayer a las partes y que tiene como fecha el pasado lunes, la autoridad judicial acepta entender sobre la solicitud de Zambudio, que acusa a Espino de una presunta intromisión ilegítima en su honor a cuenta de los comentarios de aquella en los que la acusaba de participar en un “tamayazo” tras los acuerdos con el PSOE para gobernar la Corporación santacrucera.
El documento judicial, al que ha tenido acceso este periódico, refleja que la cuantía de esta demanda es de 10.000 euros como reclamación de daños y perjuicios.

Ahora, este procedimiento continuará con un plazo de 20 días hábiles en los que deberá contestar la demandada y se postulará el Ministerio Fiscal sobre el caso.

Plazo

A mediados de julio del año pasado, Zambudio dio un plazo de 24 horas a Espino para que retirase sus acusaciones sobre un presunto delito de cohecho por haber condicionado, supuestamente, esos apoyos a la hoy alcaldesa capitalina Patricia Hernández, a cambio de plenas competencias en Urbanismo y otras áreas. “Estamos muy sorprendidos con lo que ha pasado. Lo que ha ocurrido es un tamayazo”, aseguró por aquel entonces Vidina Espino en dos periódicos de las Islas. Como quiera que tal rectificación no llegó, Zambudio acabó cumpliendo su palabra y presentó la demanda que hoy nos ocupa.

Hay que recordar que se conoce periodísticamente como tamayazo lo ocurrido en la Asamblea de Madrid en 2003, cuando dos diputados regionales del PSOE (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) no se presentaron a la votación para la elección de la mesa de la Cámara, impidiendo así que se cumpliera un pacto firmado por su partido con Izquierda Unida, pacto que a la postre debía convertir en presidente al socialista Rafael Simancas.

Aplicada la plantilla del tamayazo a los dos concejales de Ciudadanos que finalmente votaron a favor de Patricia Hernández como alcaldesa (la citada Zambudio y Juan Ramón Lazcano), nos encontramos con que no solo no incumplieron ningún acuerdo firmado por su partido con alguna de las demás formaciones presentes en el Consistorio, sino más bien al contrario: actuaron en cumplimiento estricto de los acuerdos a los que precisamente ambos concejales habían llegado con el PSOE.

Nada que ver

Por lo tanto, no se cumple el primero de los requisitos: violentar un pacto del partido de los concejales suscrito con un tercero. Luego está el segundo requisito imprescindible: que el sentido del voto responda a un interés espurio derivado de la compra de voluntades por parte de un tercero, a mayor abundamiento ajeno a la institución, y que por supuesto tampoco se cumple en el caso del pacto en la capital tinerfeña.

Además, la secretaria de Acción Institucional de Ciudadanos en Canarias, Teresa Berástegui, había asegurado, tras la ruptura de las negociaciones para un pacto regional de centroderecha que hacía presidente a Asier Antona (PP), que “sus concejales tenían total libertad”, para luego afirmar, sin todavía concluir el pleno constituyente del Ayuntamiento que dio la Alcaldía a la socialista Patricia Hernández, que se le abrían expedientes a los dos ediles, porque las directrices eran votarse a sí mismos, lo que en la práctica era darle el bastón de mando al nacionalista José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria).

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