Una vez finalizado el periodo carnavalero, comienzan a desentrañarse las presuntas irregularidades que, tal como adelantó DIARIO DE AVISOS, giran en torno al expediente de contratación de Juan Luis Guerra y el grupo cubano Orishas para la edición 2019 del Carnaval de Día santacrucero, durante el mandato de Coalición Canaria y Partido Popular. De acuerdo con las conclusiones expuestas por el técnico designado para encabezar la investigación de dicho expediente, en el que figuran, por un lado, Alfredo Moré Silva, particular al que se abonaron algo más de 500.000 euros por los referidos espectáculos, y de otra, Radio Club Canarias, quedan constatadas las supuestas irregularidades cometidas a lo largo de la contratación, entre las que se encuentra la no acreditación de estar en posesión de la exclusividad del artista, requisito indispensable para iniciar un procedimiento de negociado sin publicidad, como fue el caso.
Asimismo, en el informe encargado por la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández, también se apunta a una sustancial diferencia entre el precio inicialmente previsto -cuando aún se mencionaba a Radio Club- y el que finalmente se ingresó en la cuenta bancaria de Moré Silva. Se trataría, pues, de una variación de unos 88.000 euros y naturaleza desconocida, que ha quedado debidamente reflejada en las conclusiones del informe.
Para el abono de la primera cantidad estipulada en los pliegos técnicos, de 250.000 euros, y de conformidad con las bases del mismo, el adjudicatario debía justificar ante la administración municipal cuáles fueron los referidos gastos de viajes, alojamiento, seguros o visados por los que era necesario, antes de la actuación, efectuarle una transferencia bancaria. Sin embargo, esta circunstancia no se produjo, dado que el Consistorio, y más concretamente el Organismo Autónomo de Fiestas, no tuvo, al parecer, constancia del destino final de las cuantías pagadas.
El instructor de las averiguaciones ha instado a la regidora local a iniciar un expediente de revisión de oficio, vistas las irregularidades que a lo largo del escrito se constatan. En concreto, hace mención a tres posibles supuestos que supondrían la nulidad de pleno derecho de la contratación.
Recordemos que el llamado caso Juan Luis Guerra se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, órgano judicial ante el que lo denunció el concejal de Izquierda Unida-Unidas Podemos Ramón Trujillo, entendiendo que existía opacidad sobre los términos en los que había tenido lugar dicho contrato, las cuantías y el cumplimiento de los requisitos necesarios para su adjudicación.
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