DANIEL TOVAR /AGENCIAS
La irrupción del coronavirus ha provocado que instituciones a todas las escalas se hayan visto obligadas a adelantar algunas decisiones, así como a adoptar otras nuevas de carácter excepcional, especialmente en materia social. El parón económico derivado de la emergencia sanitaria ha traído consigo un agravamiento de la situación de vulnerabilidad de muchas familias, y por ello el Ejecutivo central dio luz verde el pasado viernes a un ingreso mínimo vital que espera beneficiar a 850.000 hogares de toda España, de los cuales 48.000 pertenecerían al Archipiélago.
Se trata de una ayuda que, según anunció el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, será compatible otras prestaciones de las comunidades autónomas, como la PCI en el caso canario o la renta de emergencia lanzada para paliar las consecuencias de la Covid-19. Su cuantía oscila entre 460 y 1.000 euros, dependiendo del número de personas a cargo del beneficiario. Asimismo, se podrá solicitar a partir del 15 de junio, si bien desde la Administración estatal han aclarado que se abonará con carácter retroactivo desde el día 1.
Con esta medida, el PSOE y Unidas Podemos dan cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo que alcanzaron tras las últimas elecciones generales para formar un Gobierno de coalición. Aparte, el Ministerio dijo que “se suma a nuestro sistema de protección social”, por lo que no es considerada “una medida transitoria”, sino indefinida.
Otro de los puntos destacables del Ingreso Mínimo Vital es que, de acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, se puede conciliar durante un tiempo -aún por determinar- con el desempeño de un puesto de trabajo, siempre que de dicha actividad o actividades no se obtenga una renta superior a los 16.614 euros para una persona que viva sola, o de hasta 43.196 para un hogar en el que habiten cuatro personas.
La prestación pretende llegar a 850.000 familias, un 16% de ellas monoparentales (en un 90% encabezadas por una mujer), en los que viven 2,3 millones de personas, un 30% de ellas menores, tal y como explicaron el pasado viernes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.
Durante la rueda de prensa, Escrivá detalló que se prevé reducir en un 80% la pobreza extrema, una situación que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas. Además, precisó que esta considerable reducción podría llegar “al 90% en los hogares monoparentales y en otro tipo de hogares con hijos”.
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