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El pacto de reconstrucción de Canarias necesita 14.000 millones

El objetivo es desarrollar "una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina tras una pandemia que representa ya, la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido"

El pacto de reconstrucción económica y social que propone el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, necesita 14.250 millones de euros, tanto de la Administración autonómica como de la nacional. El documento base se expuso ayer al resto de las instituciones del Archipiélago, a los grupos parlamentarios y a los agentes sociales. Está previsto que la Administración regional aporte 8.712 millones de euros, en gran parte ya dotados en el presupuesto de los servicios esenciales, y que el Ejecutivo central contribuya con 5.537 millones de euros (incluidas las cantidades ya comprometidas).

Las cuentas públicas de Canarias para 2020 están dotadas con 9.569 millones, lo que supone que el acuerdo que espera aprobarse en mayo exige recursos autonómicos que casi equivalen al presupuesto completo de un año: el 91%.

Se trata de desarrollar “una estrategia común para afrontar y salir de la profunda crisis económica y social que se avecina tras una pandemia que representa ya la mayor amenaza de salud pública que jamás hayamos vivido”. La Administración General del Estado desembolsaría 3.600 millones de euros para préstamos a las empresas y autónomos, 984 millones para expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 283 millones para inversión en infraestructuras y 232 millones para la Renta de Ciudadanía. Además, el Gobierno debería conceder 84 millones de euros para políticas de apoyo a trabajadores autónomos, 70 millones destinados al apoyo de transporte de mercancías, 42 millones al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y 14 millones para el refuerzo de la capacidad sanitaria, entre otras partidas. La comunidad autónoma reservaría 5.635 millones de euros al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, de modo que el nivel del gasto en sanidad, educación y servicios sociales no se reduzca. Asimismo, se consigna un fondo de 1.008 millones para inversiones públicas en infraestructuras, 540 millones en concepto de aplazamiento de impuestos, 400 millones para la agilización de la inversión privada y 330 millones para préstamos a las empresas y los autónomos. Se destinarían 44 millones a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y 6 millones al flamante Ingreso Canario de Emergencia (ICE).
El pacto por la reconstrucción define prioridades como el mantenimiento de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda). Persigue, igualmente, reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias. Un lugar relevante ocupa la atención a las personas vulnerables, que “serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades para que nadie se queda por el camino”.

En el ánimo de proteger y recuperar el empleo, se intentará evitar “que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y amplíen el colectivo de personas vulnerables”. Otro objetivo es impulsar la actividad económica para “devolver, cuanto antes, a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que aspiramos”. En ello confía el cuatripartito, para lo que espera la implicación de sus interlocutores.

CC y PP

No tardó en reaccionar la oposición. El secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, ratificó la voluntad de adherirse a una gran alianza para reconstruir Canarias, pero opinó que la propuesta presentada por Torres muestra una “falta de concreción”. El portavoz del Grupo Nacionalista transmitió que, tras esta reunión telemática, seguirán “arrimando el hombro, haciendo aportaciones y sumando esfuerzos”. De momento, se confiesa “decepcionado” con el esquema.
El PP lo reduce a una “declaración de intenciones carente de certeza y de precisión”. Después de casi 50 días en estado de alarma, arguyó Australia Navarro, “nos ofrece únicamente buenos propósitos”. A su juicio, el Ejecutivo no defiende a Canarias “con coraje y determinación” ante la situación de “emergencia”.

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