Canarias podrá salir antes del estado de alarma

Por J.B/ EUROPA PRESS

“Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir […], con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales […] y, por tanto, su entrada en la nueva normalidad”. Así dice el punto siete del decreto para prorrogar  el estado de alarma que se  aprobó ayer martes en Consejo de Ministros y que se votará hoy en el Congreso de los Diputados.  Si, como es previsible, sale adelante, y toda Canarias pasa a la fase III el próximo día 8, será el Gobierno autonómico el que decida el ritmo de la desescalada, pudiendo adelantar el final del estado de alarma antes de los 14 días previstos para el paso a la ‘nueva normalidad’.

El primer efecto de este paso a la fase III será el levantamiento de las restricciones a los movimientos entre islas que permite el nuevo decreto de prórroga. “Probablemente sea la semana que viene. Y si no, a lo largo de la primera quincena de este mes”, afirman fuertes cercanas al Gobierno canario. Algo más tarde serán los vuelos a otras comunidades. El nuevo decreto permite que se pueda viajar entre comunidades que ya hayan entrado en la ‘nueva normalidad’ si así lo deciden sus responsables autonómicos, pero aún quedan por arbitrar los protocolos de seguridad para evitar cualquier descuido que favorezca la expansión y nuevos rebrotes del virus.

Viajes aparte, la nueva -y última- prórroga del estado de alarma devuelve cierta normalidad al funcionamiento del Estado autonómico, alterado por el mando único establecido por el primer decreto de estado de alarma del pasado 14 de marzo. El Gobierno central pactó hace días con PNV y ERC que la última fase de la desescalada quedaría bajo el control de las comunidades, culminando un proceso de relajación del mando único e incremento de la cogobernanza en el que el PNV ha jugado un papel muy importante. No así ERC, que votó dos veces en contra de la prórroga.

Canarias, donde han fallecido 161 personas y se han contagiado unas 2.363, tiene las mejores cifras de incidencia del coronavirus en España, después de las de Melilla. Y está en una posición privilegiada para la desescalada. El próximo lunes, si finalmente pasamos a la fase III, muchos canarios podrán volverse a comer un bocadillo de parta con un café con leche en la barra de un bar si guardan la distancia con el otro; podrán dejar a los niños en un campamento al aire libre; o podrán irse a una boda  con 75 personas si el espacio es cerrado o 150 si es un espacio abierto. Pero las verdades absolutas no existen en la ‘nueva normalidad’. Y quizá cambien estas reglas.

“Las limitaciones van a durar muchos meses”, explican desde el entorno del Gobierno. “Y se regulará muy dinámicamente, a medida que vayan sucediendo las cosas. Y es muy impredecible, e impredictible, el grado de detalle al que se pueda llegar”, explican. “¿Qué aforos son los adecuados? Pues habrá que ir viendo. Los aviones, al principio, iban al 50% y ahora van llenos”.

Y luego están los problemas más estructurales, la mayoría de ellos ya señalados en el reciente pacto por la reactivación social y económica firmado el pasado 30 de mayo por el Gobierno regional, los agentes económicos y sociales y la mayoría de los partidos políticos, a excepción de Partido Popular y Ciudadanos, que han considerado que el acuerdo es un brindis al sol.

En primer lugar, la protección de los servicios públicos, incluida la protección social a los más vulnerables. En este ámbito, juega un gran papel el sistema de salud, donde habrá que solucionar problemas como la precariedad laboral, que venía de antiguo, más la adaptación a las nuevas necesidades de un mundo con pandemias. Hace unos días, el consejero en funciones, Julio Pérez, afirmó que esta crisis había dejado “desnuda” a la sanidad, para bien y para mal, y que había que hacer un esfuerzo de modernización, con una mejor orientación estratégica: “No puede ser que sea el sector privado el que establezca la orientación del sistema, porque la sanidad no es un negocio”, afirmó durante un Foro organizado por Editorial Prensa Ibérica.

En segundo lugar, la educación, que tendrá que adaptarse a las restricciones que genera el coronavirus. “Hay mucha gente con escasez de recursos. Y para el tema de la enseñanza virtual, habrá que poner banda ancha y facilitar la conexión a internet, poner wifi. Igual que hace cincuenta años se pusieron la luz eléctrica o el agua corriente, ahora toca esto y lo tiene que liderar la comunidad autónoma. Se trata de que el Gobierno de Canarias ejerza como tal en el sentido más pleno”, señalan en el entorno del Ejecutivo.

En ambos casos, Sanidad y Educación, el presidente, Ángel Víctor Torres, tendrá que decidir a quién elige para ocupar estas consejerías de enorme peso político, pues los actuales titulares, Julio Pérez y José Antonio Valbuena, son provisionales.

Pero la nueva normalidad es también un quebradero de cabeza económico, con previsiones de caída del PIB para este año que oscilan entre el 12%, las más optimistas, y el 30%, las más pesimistas. Y ahí, el turismo, que se activará con más intensidad a partir del 1 de julio, tiene un papel fundamental. “El turismo volverá, la cuestión es cómo ayudar a esa recuperación”. Desde la Consejería de Turismo, dirigida por Yaiza Castilla, de la Agrupación Socialista Gomera, han puesto en marcha el proyecto ‘Fortaleza’, con un análisis detallado de los eslabones de la cadena de valor en el sector turísticos, desde el taxi hasta el camello, pasando por el hotel, para hacer un protocolo de seguridad más riguroso aún que el proporcionado por el Instituto para la Calidad Turística Española en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo.

También insisten a la UE sobre la necesidad de hacer controles en origen a los pasajeros de los vuelos para evitar la expansión del virus. Y por si no sale, están intentando persuadir a las compañías aéreas que vienen a Canarias. Hoy se reunirán el presidente Torres, Castilla y Pérez por videconferencia, con el presidente de Madeira, Miquel Filipe Machado para analizar la reapertura del turismo. La reunión pretende definir un acuerdo de reciprocidad en materia turística y con condiciones de seguridad sanitaria óptimas un corredor seguro entre los dos archipiélagos atlánticos.

“Si en el Berlín de la posguerra salieron adelante, que era mucho peor, nosotros también lo vamos a conseguir”, dicen esas fuentes cercanas al Ejecutivo.