El cuento de la lechera tiene otro final, menos calamitoso que el de la versión oficial (la tradicional). Tanto fue el cántaro a la fuente… que (esta vez) no se rompió. Al Gobierno de Canarias ahora sí le salen las cuentas. Al menos, para ir tirando. Menos da una piedra. Moraleja: quien la sigue la consigue. Casi siempre. Bueno, es un decir. En efecto, el Consejo de Ministros autorizó este martes a las tres comunidades autónomas que cerraron 2019 con superávit a emplear los ahorros en gastos extraordinarios ante la crisis de la pandemia de la covid-19. Canarias, el País Vasco y Navarra han recibido con alivio el anuncio hecho por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La portavoz del Gobierno detalló los criterios del reparto entre las regiones del fondo de los 16.000 millones de euros. Si todas se muestran satisfechas, se habrá logrado la cuadratura del círculo.
La Administración autonómica canaria terminó el ejercicio con 321 millones de sobra: el 0,68% del producto interior bruto (PIB). La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obligaba a dedicar ese depósito a amortizar deuda preferentemente.
Ángel Víctor Torres recogió el testigo de Fernando Clavijo. Ha llegado a la meta con la lengua fuera y los brazos extendidos. “Se trata de una decisión histórica”, exclamó este martes el mandatario al celebrar esa disposición adicional del real decreto ley que regula la distribución de los socorridos 16.000 millones de euros no reembolsables. “Es la primera vez desde que, en 2012, se aprobó la ley de estabilidad que el superávit se dedica a los ciudadanos, al gasto corriente y a la aminoración de los ingresos”. Su Ejecutivo no ha estado solo en esa reivindicación: las corporaciones locales (ayuntamientos y cabildos) animaban mientas pedían auxilio con el agua hasta el cuello. En el conjunto de las tres administraciones, casi 4.000 millones descansan en los bancos.
El 13 de mayo, en una “mesa de diálogo” por videoconferencia, Montero avanzó lo que acaba de consumarse: permitir el uso del superávit y revisar la fórmula para trocear la tarta. A Torres lo acompañaba el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. La resolución de la jugada demuestra que Román Rodríguez no iba de farol. El plante del diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, con una abstención en la penúltima prórroga del estado de alarma forzó la puerta de la habitación del pánico. Una llamada de Pedro Sánchez a Román Rodríguez descongeló las enfriadas relaciones entre el PSOE federal y NC. A la sexta y definitiva, el 3 de junio, Quevedo votó, a distancia, que sí. En una “cordial” charla telefónica, Rodríguez le había refrescado la memoria a Sánchez sobre el “importante” papel de “encaje” que desempeña NC, una de las piezas del cuatripartito (junto al PSOE, Podemos y ASG) y elemento colaborador en la investidura (tras haber avalado la moción de censura contra Mariano Rajoy, en 2018). La implicación en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, rubricado el 30 de mayo, y el reconocimiento de las “singularidades” ejercieron de palanca.
Una carta con acuse de recibo tras mucho insistir
Tras brindar una “inequívoca voluntad de cooperación en la gestión de las graves dificultades” derivadas de la crisis del coronavirus, Román Rodríguez reclamó a María Jesús Montero por carta soluciones a la “estrepitosa bajada de recursos no financieros y al incremento imprevisible de los gastos sanitarios y sociales”.
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