El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha iniciado el procedimiento para realizar una modificación menor del Plan Especial de Protección (PEP) del Conjunto Histórico del municipio con el objetivo de incluir 73 casas terreras del centro en su catálogo de protección. Así lo anunciaron ayer, en rueda de prensa, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, acompañados por el primer teniente de alcalde, Rubens Ascanio, y la jefa del Servicio de Gestión del Casco Histórico, Beatriz Simón.
“Desde el comienzo de nuestro mandato, las tres formaciones políticas teníamos claro que era una prioridad la conservación del casco de este municipio, de nuestro patrimonio, historia y cultura”, destacó Luis Yeray Gutiérrez, quien valoró el trabajo realizado desde la Gerencia de Urbanismo.
Mientras, Santiago Pérez explicó que, a finales de la pasada semana, “firmé el inicio del procedimiento para modificar el PEP, en lo que se refiere al catálogo de edificios protegidos, lo que permitirá incorporar 73 inmuebles que, hasta la fecha, no tenían ningún tipo de protección, a pesar de sus valores patrimoniales”. “Casas terreras que representan la arquitectura popular de nuestra ciudad”, valoró. El concejal destacó que el inicio de este procedimiento “implica la suspensión de las licencias urbanísticas que se pudieran solicitar, o se estuvieran tramitando, en relación a obras o actuaciones en estos inmuebles”, que excedan de las actuaciones de conservación y mantenimiento, como medida cautelar hasta que se elaboren los borradores de las fichas correspondientes a cada uno de los inmuebles. Esto significa que, a partir de este momento, “los propietarios ya no tienen la opción de demoler esos inmuebles en el caso de que presenten un estado de deterioro o ruina”, por lo que tan solo se puede ya rehabilitar, aunque ninguno de estos 73 tenía una licencia en curso, apuntó Beatriz Simón.
nivel de protección
El edil señaló que el grado de protección que se le otorgará a cada inmueble dependerá de sus características. Por ejemplo, “hay algunos cuya importancia radica en que contribuyen a configurar un paisaje urbano”, por lo que a lo mejor la protección será de la fachada, mientras que, en otros casos, el nivel de protección será más intenso. “La idea clave es que tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre lo que hay que proteger y lo que hay que adaptar para las circunstancias de la vida actual”, añadió.
Por su parte, Beatriz Simón apuntó que a estas 73 casas terreras se suman otras tres de una modificación del PEP iniciada anteriormente, lo que hace un total de 76 inmuebles. Recordó que, “desde la legislatura pasada, ya teníamos un acuerdo plenario que nos indicaba que había que valorar las casas terreras que no se habían incluido en el conjunto histórico”.
Además, “teníamos el documento que se había remitido a la Unesco y que había redactado la catedrática María Isabel Navarro, donde había una serie de inmuebles que no se habían incluido en el catálogo del PEP”, explicó. Asimismo, “una zona que nos preocupaba especialmente era la antigua entrada por la calle Marqués de Celada, donde había una serie de inmuebles con bastante valor patrimonial que no están dentro de la delimitación del conjunto histórico pero sí están en su zona de influencia, y no estaban incluidos en el catálogo”
Bajo estos ejes se inició esta modificación del PEP, “la primera desde que fue aprobado en julio de 2005”. Ahora, en una segunda fase, se visitarán los inmuebles y se hará una ficha de cada uno con su nivel de protección.
Santiago Pérez concluyó afirmando que la declaración de La Laguna como Patrimonio de la Humanidad “no se sustentó en la existencia de un conjunto monumental, sino en una idea, que la articuló la catedrática María Isabel Navarro Navarro”, por lo que consideró que “su Ayuntamiento debe efectuarle un altísimo reconocimiento”.
Cuestionado sobre una revisión integral del PEP, tal y como diferentes sectores demandan desde hace años, el edil respondió que, “a la vista de las circunstancias, la prioridad en los próximos años no es emprender grandes actuaciones para reformar el planeamiento, que impliquen cuantiosos recursos, sino agilizar la gestión urbanística”, a la vez que recordó que “la legislación ofrece instrumentos menores que pueden permitir abordar nuevas necesidades con perspectivas de futuro, y los utilizaremos”.
