Las cosas de palacio van despacio, un dicho que es aplicable a casi cualquier ámbito de la administración, donde los trámites se hacen eternos. En el caso de los vertidos de tierra al mar, Santa Cruz lleva años esperando por la autorización administrativa para diversos puntos que, a pesar de contar con un proyecto redactado y financiación asignada, siguen a la espera de un papel que les permita poner fin a una situación que, en puntos como el de Igueste de San Andrés, es un verdadero problema de contaminación. También en el muelle de la Hondura, donde se vierten los excedentes de la depuradora cuando llueve demasiado, y que ha sido objeto de varios expedientes sancionadores. Otro de los que por fin, después de casi cinco años, está listo para ser acometido es la depuradora de Taganana, que permitirá solucionar la recogida de las aguas residuales de los pueblos de Anaga. En total, la capital cuenta con 22 puntos de vertidos al mar censados, según los datos de la última actualización del Gobierno de Canarias que datan de 2017. De esos 22, una quincena cuenta con autorización de vertido y los restantes, o están en trámite de conseguirla (5) o directamente no la tienen (2).
Sin duda, el más importantes de todos esos proyectos es el de la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, que después de años de tramitación, finalmente hace dos se consiguió adjudicar la obra. Sin embargo, con un estado de alarma por medio que ha paralizado todo, esa obra de vital importancia para Santa Cruz, sigue sin comenzar. El último plazo dado es que se iniciarán a lo largo de este mes de junio.
En esa misma zona, uno de los proyectos que está pendiente de ejecución es el que va a permitir regularizar uno de los vertidos que, actualmente, no cuenta con permiso administrativo y cuyo proyecto ya se encuentra redactado, y que no es otro que el punto de vertido en el muelle de la Hondura. Según la documentación que obra en la concejalía de Obras Públicas de Santa Cruz, al frente de la que se encuentra el socialista José Ángel Martín, se trata de la conducción de desagüe aguas abajo de la calle Anatolio Fuentes que vierte al muelle de la Hondura.
Esta es la conducción del alivio al mar de la EDAR de Buenos Aires, un punto en el que en septiembre de 2018, se produjo un vertido no autorizado y que conllevó la apertura de un expediente a la empresa gestora, Emmasa. Según detallan los técnicos, esta conducción entra en funcionamiento a través de dos posibles modos. El primero, hace referencia a su funcionamiento como aliviadero de excedencias de las aguas procedentes EDAR de Buenos Aires, en episodios de lluvias fuertes que llevan a desbordar la depuradora frente a la insuficiencia de las redes unitarias. El segundo modo es su uso como punto de de vertido habitual de las aguas tratadas en la depuradora que por razones de explotación no son reutilizables por Balsas de Tenerife (Balten).
Para la legalización de la misma, ya se ha encargado el proyecto constructivo que contempla una serie de obras tanto en el tramo terrestre del trazado de la conducción como en el trazado submarino. Con un plazo de ejecución de 11 meses y un presupuesto que supera el millón de euros, en estos momentos solo está pendiente de recibir la autorización de vertido desde tierra al mar a través de la conducción de desagüe así como el otorgamiento de la concesión por ocupación del dominio público marítimo terrestre.
La Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife acordó formular el informe de impacto ambiental, llegando a la conclusión de que no tendría efectos significativos sobre el medio ambiente. La Autoridad Portuaria ya otorgó la concesión administrativa por la ocupación del suelo, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha aceptado el pliego de requisitos que regularan las condiciones de la autorización de vertido.
Igueste de San Andrés
Otro de los proyectos que está pendiente de autorización, es el que se ubica en la costa de Igueste de San Andrés donde se ha proyectado una estación de tratamiento de las aguas residuales y posterior vertido al mar, a través de conducción de desagüe. Las aguas residuales serán tratadas mediante un desbaste, constituido por un doble canal de hormigón, con una reja automática, dotada de un compactador de residuos en uno de ellos, y de una reja manual de acero inoxidable en el otro. Una vez desbastadas, las aguas pasaran por un tratamiento de desarenado y desengrasado. Posteriormente, se procederá a la cloración de las aguas, y esta unas vez ya tratadas serán bombeadas a la conducción de desagüe, previo paso por un caudalímetro electromagnético que contabiliza las aguas vertidas al mar.
La estación de bombeo cuenta con un sistema de desodorización mediante filtros de carbón activo, evitando con ello las posibles emisiones de olor de las instalaciones al exterior. En una dependencia anexa situada a nivel de calle, se ubicará el cuarto de cloración y el grupo electrógeno, el cual se instala al efecto de paliar posibles cortes de suministro eléctrico, permitiendo, en su caso, mantener en servicio de las instalaciones.
El presupuesto base de licitación de esta intervención es 1.071.442,86 euros y su plazo de ejecución es de 12 meses.
En lo referente a la tramitación administrativa, el proyecto ya cuenta con la autorización del Consejo Insular de Aguas de Tenerife en lo relativa al tratamiento de las aguas. También se ha obtenido informe urbanístico de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz donde se recoge que las actuaciones se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente, en cuanto a que los usos del suelo así lo permiten y a que son compatibles con las alineaciones y rasantes establecidas. Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha emitido informe favorable referente a la solicitud de concesión del suelo de dominio público marítimo terrestre por ocupación de la conducción de desagüe.
En la actualidad se está a la espera de que por parte del Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canaria, se oferten los pliegos de condiciones que regularan la autorización de vertido al mar de las aguas tratadas, así como las condiciones de la concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre.
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