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Santa Cruz recupera 95 millones de euros de Las Teresitas

Una querella por prevaricación y malversación de caudales inició el caso Las Teresitas en 2006, un proceso que concluyó el TS en 2019 con la ratificación de las condenas de la Audiencia Provincial
Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz, junto a todo su equipo de gobierno DA
Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz, junto a todo su equipo de gobierno DA
Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz, junto a todo su equipo de gobierno DA

Después de casi 15 años de litigio, Santa Cruz está a punto de finalizar uno de los procesos judiciales más sonados y mediáticios de su historia, el caso Las Teresitas. Como bien apuntó ayer la alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, el “pelotazo de libro” del que habló la Fiscalía en su exposición de motivos no acababa con el ingreso en prisión de los condenados, ya que sin la recuperación del dinero, no podía darse por cumplida la sentencia. Se le pueden poner pocos peros al acuerdo presentado ayer, si es que se le puede poner alguno. Recuperar de golpe la responsabilidad civil fijada por la sentencia del caso Las Teresitas, que era de 60 millones, más los intereses generados desde que fue firme, y ahora reclamados, permiten al Ayuntamiento de Santa Cruz contar con 95 millones que muchos ponían en duda que finalmente cobraría. Dos edificios, uno de ellos el que el Cabildo de Tenerife, con Carlos Alonso como presidente, intentó comprar a Antonio Plasencia por 30 millones de euros, y el pago aplazado a 14 años de 40 millones, avalados por otras tres propiedades, conforman una ejecución de sentencia que se puede considerar casi perfecta: seis condenados en la cárcel y el cobro íntegro de una responsabilidad civil de casi 100 millones de euros.
Este largo camino judicial se inició hace 14 años, en diciembre de 2006, cuando la Fiscalía Anticorrupción materializó una querella contra los finalmente condenados por prevaricación y malversación de caudales públicos, y lo hacía en base a la denuncia que los concejales socialistas Santiago Pérez y José Ángel Martín presentaron en relación a la compra-venta del frente de playa de Las Teresitas que había ocurrido años antes. Y es que, aunque judicialmente la andadura del caso se fija en 2006, la operación que dio origen al caso Las Teresitas se produjo muchos años antes, concretamente en 1998, hace ya más de 20 años. Fue en ese año cuando Antonio Plasencia e Ignacio González adquirieron los terrenos del frente y la trasera de la playa, por 33 millones, con un préstamo de CajaCanarias cuestionado por el Banco de España y otorgado, según la sentencia que acabó condenando a los empresarios, “en condiciones extraordinariamente llamativas”. El crédito era el más elevado de la historia de CajaCanarias y se concedió sin estudios previos a la sociedad Inversiones Las Teresitas.
Una parte de esos terrenos, 11 parcelas del frente de playa con un valor de mercado de unos 20 millones de euros, fue adquirida por el Ayuntamiento en 2001 por 52,5 millones, mediante un convenio en el que además se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas de la trasera de la playa, que quedaron en manos de Plasencia y González, y que fueron vendidas por 90 millones.
En el expediente del convenio urbanístico fueron omitidos tres informes de tasación emitidos por la Universidad Carlos III, la arquitecta municipal Pía Oramas y la empresa Pool Gest, que valoraban los terrenos en torno a los 20 millones de euros. Como remarcó ayer José Ángel Martín, “ese convenio se estudia en las facultades de Derecho como el ejemplo de todo lo que no hay que hacer”.
La instrucción se prolongó ocho años, la más larga en la historia de la investigación de la corrupción en Canarias. Fue en 2014 cuando se puso fecha para el inicio del juicio oral, y en 2017 la Audiencia Provincial dictó sentencia. En ella se condenó por prevaricación y malversación de caudales públicos a Antonio Plasencia, Ignacio Gozález, Miguel Zerolo, Manuel Parejo, José Tomás Martín y Víctor Reyes. El año pasado, el Tribunal Supremo ratificó este fallo, convirtiéndolo en firme. La entrada en la cárcel de los condenados y el cobro del dinero pone fin al culebrón de Las Teresitas.

Patricia Hernández: “Se han dado cuenta de que íbamos en serio”
Recordó ayer la alcaldesa Patricia Hernández que “cuando llegamos al Ayuntamiento, las cuentas relacionadas con este asunto tenían 100 euros. Hemos trabajado para demostrar que esos bienes eran de Plasencia y presentado una querella por alzamiento de bienes. Después de eso, se dieron cuenta de que íbamos en serio”.

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