Santa Cruz

‘Economía de guerra’ para Santa Cruz en 2021, con una reducción del 50% en la inversión municipal

La Junta de Gobierno aprueba las directrices a seguir por las distintas áreas para el próximo año, en las que los gastos se han de reducir en torno al 10% y donde el único departamento que no sufrirá esa rebaja en su presupuesto será el de Atención Social

Ayuntamiento de Santa Cruz
Ayuntamiento de Santa Cruz

Un escenario volátil. Así define el concejal de Hacienda de Santa Cruz, Juan José Martínez (CC), la situación a la que se enfrentará Canarias en general, y Santa Cruz en particular en 2021, máxime después del anuncio hecho por Reino Unido este fin de semana de imponer la cuarentena a los turistas que visiten las Islas. Si esto último llevara a un cero turístico, la situación sería insostenible. Ante esta perspectiva, el Ayuntamiento de Santa Cruz ya empieza a preparar el presupuesto de 2021, en el que las primeras directrices dadas por la Concejalía de Hacienda al resto de áreas pasan por ajustar sus gastos corrientes para reducirlos en el 10%, y en lo que a la inversión se refiere rebajarla el 50%. “Tenemos que tener en cuenta que se van a producir caídas en la recaudación que condiciona todo, máxime cuando un tercio de nuestros ingresos, los que proceden de la Comunidad Autónoma vía REF, tendrán una caída que el Gobierno de Canarias estima entre el 34 y el 54%. Eso nos pone en una situación de economía de guerra”, afirma Martínez.

La Junta de Gobierno celebrada ayer aprobó esas directrices que, en detalle, establecen que, por capítulos, “se mantiene invariable los gastos de personal, que solo se verían alterados por normativa estatal, en un sentido o en otro (rebaja o subida de sueldos)”, explica el también edil de Vivienda.
“En los capítulos de gasto corriente, el 2 y el 4, que son los de subvenciones y los de adquisición de bienes y servicios, el planteamiento es una reducción generalizada del 10%, en todas las áreas, a excepción del IMAS, que es la único que queda exceptuada de esta restricciones, mientras que los capítulos de inversión se reducen en el 50%”, añadió Martínez.

El edil de Hacienda defiende que esta drástica reducción en la inversión, en la práctica, no funcionará como tal, ya que “los porcentajes de ejecución son del 30%, y si la reducción del presupuesto es del 50%, todavía, teóricamente, supondría estar por encima de la capacidad de ejecución que han tenido los servicios del Ayuntamiento en el ejercicio pasado”.

Juan José Martínez explica que aún se está a tiempo de que, si se hace “un ajuste fino del presupuesto”, esa modificación pudiera no tener un impacto demasiado grande o “incluso nulo” sobre la prestación de los servicios municipales en muchos capítulos, “siempre que consigamos adecuarnos al nivel real de ejecución del presupuesto”.

En cuanto a los pasos a dar por las distintas concejalías, el edil señaló que, “lo primero que van a tener que cargar son los compromisos plurianuales adquiridos, es decir, los de aquellos contratos en vigor de obras ya en marcha, o las anualidades de los grandes contratos de servicios públicos, y a partir de ahí si queda algún margen dentro de estas restricciones, plantarse alguna otra prioridad”. “Si no -continuó el concejal- habrá que ajustarse a esto, porque no va a haber alternativa. Y esperemos que este sea el único ajuste que tengamos que hacer”.

Martínez también tiene en cuenta otras líneas que no dependen del municipio y que podrían paliar en algo los ajustes si se consiguiera una mayor representación para Canarias en el reparto de fondos. “Son cuestiones que escapan al municipio, como por ejemplo el fondo de reconstrucción. La participación que tiene Canarias en el conjunto de lo anunciado ni siquiera alcanza el porcentaje que tenemos para el PIB por población. Como mínimo deberían llegar a recursos equivalentes al peso demográfico de las Islas, sobre todo porque, junto con Baleares, vamos a ser las dos comunidades con mayor impacto en la caída del PIB, y esas aportaciones extras tienen que ver dentro de la economía de los municipios”.

Martínez estima que es necesario que el Gobierno de Canarias liberalice por un lado el destino del bloque de financiación autonómica, y, por otro, que el Estado “nos permita el uso de remanente y superávit de las administraciones locales”.

Recuerda el edil que los ayuntamientos son la primera línea de contención. “Los servicios municipales de atención social tienen que tener recursos suficientes para atender la ola de necesidades de nuevos usuarios que se están incorporando a este servicio. La concejal del área nos informaba que como consecuencia de la covid, los nuevos demandantes superan ya el millar. Hay que tener capacidad de respuesta y mantener el nivel de los servicios municipales y al menos como capital ser revulsivo económico”.