El Pleno de Santa Cruz aborda hoy la expulsión de Evelyn Alonso de Cs

El proceso de expulsión de Evelyn Alonso de la formación bajo la que obtuvo su acta de concejala en Santa Cruz, Cs, por apoyar la moción de censura presentada por CC y PP contra la actual alcaldesa, Patricia Hernández, en contra del criterio de su partido, se culminará hoy, al menos administrativamente, en una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento capitalino. Allí se dará cuenta del escrito presentado por Cs comunicando la expulsión. Según avanzó la propia Alonso, esa decisión ha sido recurrida por ella ante los tribunales. Una vez que el Pleno tome conocimiento de esta decisión, Evelyn Alonso pasaría a ser la primera concejala no adscrita en la historia del Ayuntamiento de Santa Cruz, con todas las consecuencias que eso conlleva.

La alcaldesa Patricia Hernández, en cuanto al Pleno de hoy, apuntaba que “para los que nos dedicamos a administrar bienes ajenos, que trabajamos en la Administración pública, es muy importante que nuestros actos se correspondan con nuestras palabras”. “La credibilidad -continuó- es importante en aquellos que pedimos la confianza ciudadana, que nos la dan y que hay que devolver. No hay que traicionar la palabra dada, los que han dicho que no se puede gobernar con tránsfugas deben saber que (hoy) el Pleno hará historia, porque, desgraciadamente, la señora Evelyn Alonso se convertirá en la primera tránsfuga de la ciudad de Santa Cruz. Tendrá el dudoso honor de ser la primera concejala no adscrita de la capital”, manifestó.

A este respecto, y según comunicó Alonso en la jornada de ayer, la demanda contra Ciudadanos se presentó el lunes por vulneración de derechos fundamentales, al considerar que se le notifica su expulsión definitiva sin cumplirse los trámites de comunicación y audiencia, cuestiones estas que el partido niega. En un artículo publicado en su blog personal y recogido por Europa Press, avanzó que también ha solicitado la suspensión cautelar de su expulsión, pues entiende que ha sido sancionada por una “infracción inexistente”y “despreciando” los derechos fundamentales de asociación y tutela judicial.